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La magistrada Aura Alexandra Rosero Baquero, del Tribunal Superior de Bogotá, citó a la Fiscalía y a los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco a la audiencia de imputación de cargos y medida de aseguramiento por su presunta participación en el escándalo de corrupción en la Unidad de Gestión del Riesgo (UNGRD).
El Tribunal escuchará los argumentos del ente acusador, a partir de las nueve de la mañana del próximo lunes primero de diciembre. La diligencia será presencial y virtual; las partes intervendrán en las instalaciones de la autoridad judicial o a través de videoconferencia.
Bonilla y Velasco acudirán por primera vez al banquillo, en medio del entramado corrupto que -a cuentagotas- los ha mencionado desde que Olmedo López, exdirector de la UNGRD, y Sneyder Pinilla, exsubdirector de Manejo de Desastres, confesaron ante la justicia y los medios cómo funcionó todo.
La Fiscalía les imputará a los exfuncionarios del gobierno de Gustavo Petro los delitos de concierto para delinquir, interés indebido en la celebración de contratos y cohecho. Además, argumentará por qué deberían permanecer en prisión mientras avanza el proceso penal en su contra.
Pinilla y López han señalado a los exfuncionarios de ser quienes lideraron el desvío de contratos y de dinero para que los recursos de la Unidad beneficiaran a congresistas a cambio de votar a favor de las reformas del Ejecutivo. María Alejandra Benavides, exasesora del Ministerio de Hacienda, es una testigo clave.
El ente acusador anunció desde junio que imputaría a Bonilla por su "actividad presuntamente delictiva", porque al parecer habría ofrecido beneficios para seis congresistas de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público.
El economista bogotano renunció al Gobierno en diciembre del año pasado para enfrentar el proceso fuera del Ejecutivo.
Velasco, por su parte, salió en junio de 2024. La Fiscalía lo señala por presuntamente ordenar el desvío de contratos por casi 35.000 millones de pesos para favorecer al senador Julio Elías Chagüi, del partido de 'la U', a quien la Corte Suprema de Justicia indaga por ser el presunto beneficiario del entramado.
El primero de diciembre los exfuncionarios se sumarán a la lista de exfuncionarios del gobierno de Gustavo Petro que tendrán que responder por su implicación en el mayor caso de corrupción de la administración de izquierda. Hasta el momento, el exsubdirector Pinilla es el único condenado.
La Fiscalía ha señalado a la exconsejera para las Regiones Sandra Ortiz y al exdirector del Dapre y de Inteligencia Carlos Ramón González, quien sigue prófugo de la justicia en Nicaragua, donde el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo le otorgó asilo para protegerlo de la orden de captura internacional en su contra.
