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Mientras el Consejo de Estado aún no reparte la demanda que la defensora del Pueblo, Iris Marín, radicó la semana pasada contra la designación de dieciséis exjefes paramilitares como gestores de paz, los exintegrantes de las Autodefensas se pronunciaron contra la nulidad.
La defensora busca que el alto tribunal tumbe la Resolución 327 del 21 de septiembre de 2025, con la que el presidente Gustavo Petro nombró a los exparas para integrar una "Mesa Técnica de Diálogo Social" que evalúe el desempeño del sistema de Justicia y Paz.
El sistema transicional de los exparamilitares nació tras la desmovilización masiva de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), que firmaron con el entonces gobierno de Álvaro Uribe el Acuerdo de Santa Fe de Ralito, para comprometerse a responder ante la justicia.
Con el paso de los años, varios reincidieron en delitos en bandas criminales y grupos armados sucesores del paramilitarismo, como las Águilas Negras o el autodenominado Ejército Gaitanista. Y el Ejecutivo extraditó a Estados Unidos a excomandantes de la talla de Salvatore Mancuso.
Los exparas han sostenido la narrativa de que el Acuerdo de Ralito no se ha consolidado. "No fue firmado ni cerrado como debería ser en un proceso en el cual se desmovilizaron más de 35 mil hombres y mujeres", señalaron en su carta en rechazo a la demanda de Marín.
El presidente Petro está de acuerdo con esa postura. Por eso, buscando "cerrar el Acuerdo de Ralito" y examinar el funcionamiento de Justicia y Paz, nombró a Mancuso, 'Jorge 40', 'Macaco' y trece exjefes paramilitares más como gestores de paz.
Defienden su nombramiento
"Llegamos a este diálogo con el gobierno del dr. Gustavo Petro con la tranquilidad de haber cumplido y seguir cumpliendo con nuestras responsabilidades ante la sociedad y la justicia", expresaron los desmovilizados en su misiva, en la que critican a la defensora.
Mancuso, Ramiro Vanoy, Luis Cifuentes, Héctor Buitrago, Hernán Giraldo y los demás firmantes de la comunicación reclaman su derecho "a la reincorporación, a las segundas oportunidades, a la no estigmatización", y afirman que "las víctimas y las comunidades esperan un diálogo directo".
Además de armar una "Mesa Técnica de Diálogo Social", el jefe de Estado creó un Comité Técnico que, además de los exparamilitares, cuenta con la propia defensora Marín o un delegado de ella, al lado de la fiscal general, el ministro del Interior y el comisionado de Paz.
Entre los exparas designados están Salvatore Mancuso, actualmente en libertad; Carlos Mario Jiménez, alias 'Macaco', preso por delinquir después de su desvinculación de las AUC; Rodrigo Tovar, 'Jorge 40', excluido de Justicia y Paz por no contribuir a la verdad, y otros trece.
Para Marín, la resolución no explica "la necesidad, idoneidad y proporcionalidad de crear un mecanismo administrativo para evaluar el proceso de Justicia y Paz por fuera de las instancias judiciales y de los órganos competentes", ni define "con claridad" las funciones de los gestores de paz.
"El acto demandado genera una grave afectación del orden político y social, el cual no se limita a la mera ausencia de desórdenes materiales, sino que comprende la preservación de la confianza ciudadana en las instituciones", dice la demanda, de 54 páginas.
La negociación de las Autodefensas con la administración de Uribe dejó un saldo de 35.317 miembros que dejaron las armas, aunque posteriormente resultaron extraditados o volvieron al conflicto en bandas criminales o grupos residuales. Unos 4,58 mil fueron postulados a Justicia y Paz.
Puntos críticos de la demanda
No todas las estructuras paramilitares participaron en las negociaciones con Uribe. Por ejemplo, las Autodefensas Campesinas del Casanare (ACC) tenían disputas internas con las AUC, así que no se acogieron a Ralito.
Aun así, el presidente nombró a Héctor José Buitrago Rodríguez, alias 'El Viejo', y Héctor Buitrago Parada, alias 'Martín Llanos', de las ACC, lo que crea más confusión frente a las labores que deberían desempeñar para calificar un proceso del que no fueron parte.
Marín cuestiona, además, que el mayor sustento de la resolución sea la Ley 418 de 1997, una norma que autoriza acercamientos con grupos ilegales activos, no con los disueltos, como las AUC: "La motivación no explica, ni siquiera someramente, cómo se supera esta contradicción".
Y repara "la exclusión total de las víctimas" en el diseño de la resolución. "Constituye por sí sola una violación que torna altamente probable la declaratoria de nulidad", remarca la demanda, que pide suspender el acto administrativo mientras el Consejo de Estado llega a una decisión de fondo.
"Señora defensora, mientras usted intenta ponerle palos a la rueda de la paz sin justificación alguna, las víctimas y las comunidades esperan un diálogo directo con nosotros para adelantar una agenda extrajudicial enmarcada en los principios de la justicia restaurativa", contestaron los exparas.
La comunicación termina asegurando que los abogados de los exparamilitares "preparan los argumentos que se harán llegar al Consejo de Estado", pero que invitan a Iris Marín "a un diálogo público sobre los temas que plantea en la demanda".
