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Se conocieron una serie de contratos, al parecer polémicos, dentro de la administración del fiscal general encargado Jorge Fernando Perdomo, los cuales estarían por fuera del objetivo primordial de la entidad, el cual es perseguir el crimen.
En ese sentido, uno de los contratos tiene que ver con un perfeccionamiento del inglés por fuera del país en Inglaterra y Estados Unidos, a través de un convenio con la sociedad Sitio de Contacto S.A.S. por más mil millones de pesos, direccionado para 20 funcionarios; dentro de ellos figurarían asistentes del fiscal como Paula Andrea Chavarro Ovalle, asistente del despacho del vicefiscal, Blanca Zenayda Beltrán, asistente de fiscal 1, Helena Brigitte Mari Toro, entre otros funcionarios.
Reza el motivo del contrato: “resulta de amplia importancia toda vez que se fortalecerá la prestación del servicio, la gestión administrativa y la implementación idónea del sistema penal acusatorio a nivel nacional”.
Otro contrato tiene que ver con el polémico avión de la entidad el cual fue celebrado con la empresa Consultorías y Soluciones Aereonauticas S.A. (CSA), cuyo objeto es la “prestación de servicios profesionales destinados a cumplir con el entrenamiento inicial y recurrente de las tripulaciones asignadas para operar la aeronave Learjet 60”, el cual fue por un monto superior a los 900 millones de pesos con la peculiaridad de una adición cercana a los 60 millones de pesos.
Serían más de 2 mil millones de pesos que estarían inmersos en esos contratos en la administración de perdomo como Fiscal general encargado.
Por otro lado, varios sectores han cuestionado la renovación este año de una serie de contratos con exmagistrados, entre ellos expresidentes de altas cortes, dentro de ellos Alfonso Vargas, expresidente del Consejo de Estado, con un contrato con el ente acusador por un valor cercano a los 500 millones de pesos; otro con la exmagistrada Susana Valencia por 174 millones de pesos y por último uno con la exconsejera de Estado, Bertha Lucia Ramírez Páez, por el mismo valor.
Los exmagistrados antes mencionados votaron a favor de no declarar la nulidad en la elección del fiscal General Eduardo Montealegre.
Entre tanto, Perdomo habría realizado nombramientos masivos de unas 500 personas a parte de la planta de 23 mil funcionarios que tiene la entidad, varias de ellas supuestamente esposas de los escoltas del fiscal general encargado, quienes presuntamente ingresaron como técnicas investigadoras.
