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La Dirección de Impuesto y Aduanas nacionales (DIAN) solicitó a un juez avalar la petición de la Fiscalía de dictar medida de aseguramiento y enviar a prisión a ocho personas que estarían involucradas con una red de contrabando y lavado de activos relacionada con los almacenes de ropa interior de mujer Lili Pink.
Los indiciados en este caso son investigados por los delitos de concierto para delinquir con fines de contrabando, contrabando, lavado de activos y enriquecimiento ilícito.
La solicitud de fue realizada por la representación civil de la DIAN en calidad de víctima acreditada dentro de este proceso penal.
La petición en este caso busca cobijar a Max Marvin Abadi, David Max Abadi Homsani, Malaquilla Bismar Hernández, Lorena Bernal Castro, Myriam Luz de las Mercedes Sánchez Laguna, Jonnatan Villamil Soler, Luz Adriana López López y Merlín Roxana Mendoza Arias.
Según la abogada de la DIAN las pruebas aportadas por la Fiscalía sustentan la inferencia razonable de participación de los ocho imputados en este entramado criminal.
La DIAN interviene en calidad de víctima para poner de presente la afectación de los intereses que representa, esto es, el Sistema Tributario Aduanero, control del comercio exterior, recaudo fiscal, patrimonio público y de orden económico y social (...) La posible existncia de una estructura organizada de carácter transnacional””, dijo la representante civil de las víctimas.
El primer capturado por este entramado
Por este mismo caso, un juez de control de garantías de Bogotá dictó medida de aseguramiento y ordenó el envío a la cárcel de Walter Francisco Martínez Martínez, primer capturado por estar presuntamente relacionado con conglomerado empresarial de la marca Lili Pink.
El juzgado acogió los argumentos de la fiscal delegada en el sentido de que esta medida se torna necesaria y proporcional, porque Martínez Martínez se constituye en un peligro para la comunidad y un riesgo de obstrucción al proceso, ya que los otros involucrados con esta estructura criminal siguen en libertad.
¿Cómo se produjo el mega-lavado de $730 mil millones?
Los elementos de prueba recolectados por la Fiscalía permitieron evidenciar que la organización delictiva habría estructurado un entramado compuesto por importadoras, comercializadoras y sociedades de papel, mediante el cual ingresaba al país mercancía como prendas de vestir, juguetes y productos cosméticos, que luego eran distribuidos en el mercado nacional para dar apariencia de legalidad a la operación.
Según los investigadores estas maniobras criminales estarían orientadas a disimular el control aduanero, fragmentar transacciones, simular relaciones comerciales y dificultar la trazabilidad del dinero, facilitando su incorporación al sistema económico formal.
Leonardo Quevedo Castillo, director Especializado de la Fiscalía contra los Delitos Fiscales señaló que se logró documentar un lavado de activos en un monto superior a los 730.000 millones de pesos.
Además, se estableció un enriquecimiento ilícito por más de 430.000 millones de pesos, aprehensiones y decomisos de mercancía ejecutados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacional (DIAN), avaluadas en más de 54.000 millones de pesos, y un posible contrabando que superaría en valor los 75.000 millones.
Las tiendas Lili Pink y otros bienes embargados
Juan Felipe Cárdenas Restrepo, director Especializado de la Fiscalía de Extinción del Derecho de Dominio reportó que durante los operativos de los agentes del CTI hasta el momento han sido embargados un total de 405 locales comerciales, 40 inmuebles, 8 vehículos y una sociedad.
Tras haber sido objeto de embargo estos bienes serán sometidos a evaluó comercial por parte de los peritos técnicos del CTI.
Las diligencias de ocupación se realizaron con apoyo del Ejército Nacional en 59 ciudades y municipios de 25 departamentos, donde la cadena de almacenes tiene presencia.
Las diligencias de ocupación se realizaron con apoyo del Ejército Nacional en 59 ciudades y municipios de 25 departamentos, donde la cadena de almacenes tiene presencia.
“Las propiedades y demás activos afectados continuarán cumpliendo y desarrollando su objeto social, mientras avanza el trámite de extinción del derecho de dominio ante jueces de la especialidad”, añadió el fiscal Cárdenas Restrepo
