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Este sábado 10 de octubre se conocerá la decisión que adopte la juez 30 Penal Municipal con Función de Control de Garantías frente a la solicitud de libertad que formuló la defensa del exsenador Álvaro Uribe Vélez.
La diligencia, que también se desarrollará de manera virtual, se realizará desde las 8 de la mañana.
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Esta nueva fecha quedó establecida luego de más de 12 horas de audiencia el jueves en la que se solicitó formalmente la libertad del exsenador Álvaro Uribe Vélez, quien permanece en detención domiciliaria desde el pasado 4 de agosto.
El abogado Jaime Granados, defensor del expresidente Álvaro Uribe Vélez, solicitó ante la juez que se le restituya la libertad inmediatamente a su cliente.
El jurista explicó en medio de la diligencia judicial virtual que se adelanta desde esta mañana, que a su defendido se le está vulnerando el debido proceso.
“Se estarían desconociendo su señoría, las características esenciales del sistema como reserva judicial, principio acusatorio e igualdad de armas; se afectaría además el debido proceso, el juez natural para esta determinación, el principio de legalidad y la incidencia al derecho a la libertad”, indicó.
El abogado Granados señaló que el exsenador Uribe Vélez no puede continuar privado de la libertad, teniendo en cuenta el cambio del proceso a la Ley 906.
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En ese sentido, argumentó que una persona no puede una persona estar privada de la libertad (bajo la figura de detención domiciliaria que pesa contra Uribe), sin que se le hayan imputado los cargos por los que está siendo investigada y mucho menos tener una medida de aseguramiento vigente en su contra.
"No puede decretarse una medida de aseguramiento por un fiscal o quien cumpla las veces de fiscal o juez instructor o magistrado instructor, por ser abiertamente contrario no solo a la ley 906 sino a la Constitución, que exige la figura de intervención independiente de un juez constitucional de control de garantías”.
“Solicito a usted como juez constitucional que ante esta nueva realidad procesal, disponga la libertad inmediata del ciudadano Álvaro Uribe Vélez; ordene por conducto de la Secretaría del centro de servicios judiciales, la devolución de la caución que le fuera impuesta para garantizar esa privación de la libertad y de manera inmediata se restituya su libertad”, concluyó.
Por su parte, La Fiscalía General le solicitó a la jueza 30 de control de garantías que deje en libertad inmediata al exsenador Álvaro Uribe Vélez.
El delegado de la Fiscalía aseguró que de continuar privado de la libertad se le estaría vulnerando el debido proceso al exmandatario, teniendo en cuenta que no existe una imputación de cargos bajo el Sistema Penal Acusatorio (Ley 906).
“La Fiscalía General estima propugnar por el derecho del que deviene necesariamente la libertad del ciudadano Álvaro Uribe Vélez y así expresamente con respeto éste lo solicita a este despacho judicial de en función de control de garantías”, aseguró el fiscal Gabriel Ramón Jaimes Durán.
Igualmente indicó la postura que adopta la Fiscalía General no es política sino jurídica y se basa en garantizar los derechos de todos los ciudadanos, en este caso los del exsenador.
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“El debido proceso, el derecho penal democrático heredero del iluminismo y anhelado por las filosofías más progresistas de estas latitudes debe extenderse a todos los ciudadanos incluso a los contradictores y adversarios, pues de lo contrario se estaría practicando un derecho penal del enemigo, los postulados teóricos reclaman coherencia en la praxis (…)”, indicó.
El fiscal Jaimes Durán argumentó además que, continuar el proceso del expresidente en el mismo punto en el que se recibió sería validar la vulneración del derecho que todo ciudadano tiene al debido proceso, que además está consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia.
“La Fiscalía General de la Nación haciendo uso del principio de objetividad que reclama la vigencia exclusiva del imperio de la ley arribado a la certera conclusión de qué continuar con la actuación procesal en el mismo estanco en el que se recibe, se estaría vulnerando el debido proceso penal como principio rector, como garantía fundamental debemos señalar que no queda camino procesal distinto a desestimar la vinculación jurídica al proceso o dejarla sin efectos”, precisó Jaimes.
En medio de su exposición hizo referencia al caso del comandante de las disidencias de las Farc, Seuxis Paucias Hernández Solarte conocido como ‘Jesús Santrich’, proceso que pasó de la Corte Suprema de Justicia a la Fiscalía General cuando se encontraba en una etapa procesal avanzada.
Dijo que en esa época, el alto tribunal había resuelto la situación jurídica del excomandante guerrillero. Argumentó también que una persona no puede estar privada de la libertad sin que se le hayan imputado cargos.
"No es lo mismo y no se puede decir que es lo mismo la indagatoria y la imputación de cargos", precisó el fiscal Jaimes Durán tras señalar que en el primero apenas se está investigando y en el segundo ya hay todo un trabajo investigativo que ha permitido llegar a conclusiones sobre la presunta responsabilidad del procesado.
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También cuestionó la indagatoria realizada en la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia el 8 de octubre de 2019 en la que determinó que existen omisiones que afectan el derecho a la defensa. Advirtió además que no se garantizó el derecho a la defensa del expresidente Uribe.
La representante de la Procuraduría, respaldó la solicitud de la defensa y de la Fiscalía asegurando que, al no existir una imputación de cargos, el expresidente debe quedar en libertad.
Entre tanto, el abogado Reynaldo Villalba, defensor del senador Iván Cepeda, pidió que no se otorgue la libertad a Uribe Vélez porque no se están garantizando los derechos de las víctimas.
Polémica por solicitud del exfiscal Eduardo Montealegre
El exfiscal General, Eduardo Montealegre y el exvicefiscal Jorge Fernando Perdomo, causaron revuelo en la audiencia de solicitud de libertad del exsenador Álvaro Uribe Vélez al pedir la suspensión de la diligencia al considerar que el fiscal Gabriel Jaimes pretendía buscar la nulidad de todo lo actuado por la Corte Suprema de Justicia en el proceso por presunta manipulación y presión a testigos.
También manifestaron que el representante del ente investigadorno trasladó todos los documentos, entre ellos la indagatoria que rindió Uribe el 8 de octubre de 2019 ante el alto tribunal.
“Me indigna como víctima la solicitud de nulidad del señor Jaimes (fiscal del caso) quien le solicita a la juez que declare la nulidad de la indagatoria porque la misma violó el debido proceso, es el fundamento para argumentar su petición de nulidad; el señor fiscal aporta como evidencia el texto de la indagatoria de Álvaro Uribe Vélez, con la que pretende solicitar la nulidad de lo actuado, la cual no me fue trasladada”, argumentó Montealegre.
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En ese mismo sentido, el exvicefiscal Jorge Perdomo cuestionó que la audiencia que era para atender la petición de libertad, se hubiera transformado en una solicitud de nulidad.
Por su parte, la representante de la Procuraduria General señaló que no escuchó que el Fiscal hubiese solicitado la nulidad de lo actuado por la Corte Suprema de Justicia.
En ese mismo sentido, la juez de control de garantías consideró que la solicitud de Montealegre y Perdomo pretendía dilatar la audiencia.
“En la intervención del señor fiscal (Jaimes) de acuerdo con el criterio de esta funcionaria judicial, jamás ha elevado solicitud alguna de nulidad frente a estos actos procesales, también en su intervención se hizo claridad sobre que se partía de que esos actos eran válidos y que justamente así habían surtido efecto, de hecho trajo a colación múltiples pronunciamientos y jurisprudencia”, dijo la Juez.
La juez continuó manifestando que “creo que la postulación que presenta Eduardo Montealegre y Jorge Perdomo constituye una tergiversación del alcance de los argumentos presentados por parte del señor Fiscal, por ello coincide esta funcionaria judicial que no es necesario hacer una suspensión de esta audiencia, teniendo en cuenta que hay un objeto precisamente establecido frente al cual no existe duda de su propósito, finalidad y justificación, qué es el restablecimiento del derecho fundamental a la libertad afectado en cabeza de Álvaro Uribe Vélez”.
