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La juez 70 de control de garantías de Bogotá avaló la captura de los 16 implicados en la alteración de permisos y trámites dentro del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima), con el fin de avalar productos de forma irregular.
“Comercializaban con productos incautados a sabiendas que debían ser destruidos, ellos los vendían o bien se los devolvían a las personas a las que se les habían incautado a cambio de unas coimas y también recibían plata para revocar o disminuir solicitudes”, expresó la juez.
La funcionaria dijo además que los implicados modificaban los vencimientos de los registros sanitarios y “lo que hacían era tomar un antiguo registro, lo actualizaban, modificaban y se lo aplicaban a otro medicamento laboratorio, a eso le llamaban ‘muertitos’ o ‘huérfanos’, cambiaban el orden de las solicitudes que habían hecho los ciudadanos interesados en registros sanitarios”.
Según el fiscal 38 de la Unidad de Lavado de Activos, “esta red de corrupción puso en riesgo la salud de los colombianos” con su proceder irregular.
Los afectados con la decisión del juez fueron la empresaria María Stella Durán de Navarro; Diego Fernando Isaza Ortíz; Melissa Márquez; Laura Marcela Rodríguez Castro; Jhon Leandro Plata Hernández; Claudia Lizeth Peñaranda Mantilla; Anayibe Gómez Riveros; Hernán Darío Herrera García y Álvaro Antonio Domínguez Hincapié.
Además de Rafael Orlando Higuera Bello; Clara Inés Acevedo Galvis; María Cristina Calderón Ortiz; Agustín José Sánchez Mora; Miguel Ángel Gómez Rodríguez; Alicia Fernanda Celis Ferreira y Jorge Iván Sánchez, capturado en Medellín.
Durante la diligencia se supo, por parte del fiscal del caso, que los detenidos creaban nuevas carpetas en las que “se incluían estudios de estabilidad y otros documentos necesarios para hacer los registros sanitarios, por los que cobraban diferentes sumas de dinero”.
“Se inventaban esa figura de preauditorías y lo que hacían era que antes de que se diera una visita oficial del Invima (a las empresas) se subsana todo y cobraban entre 7 y 10 millones de pesos”, manifestó el delegado fiscal.
Durante la diligencia de legalización de capturas y allanamientos, el ente investigador los señaló por los delitos de concierto para delinquir; enriquecimiento ilícito, cohecho y falsedad Ideológica en documento público.
