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La Procuraduría les dio tres días a cinco entidades (Congreso, DAPRE, Ministerio del Interior y las superintendencias de Vigilancia y Seguridad Privada y de Salud) para que informen si Deicy Jiménez tuvo contratos o algún otro tipo de vinculación desde 2019.
Sumado a eso, en el mismo documento le pidió a la revista Semana la entrevista completa y los datos de contacto de la mujer que denunció presuntas irregularidades.
La FM conoció el auto con el que la Procuraduría General de la Nación abrió una indagación previa para establecer si funcionarios de cinco entidades del Estado habrían incurrido en presuntas irregularidades en la contratación, extralimitación de funciones, acoso y violencia de género, a partir de las denuncias divulgadas por la revista Semana.
Procuraduría pide al Congreso revelar si contrató a Jiménez
El documento, fechado el 26 de octubre de 2026, ordena requerir al Congreso de la República, a través de su Dirección General Administrativa; al Departamento Administrativo de la Función Pública, identificado en el auto como DAPRE; al Ministerio del Interior; a la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, y a la Superintendencia Nacional de Salud.
La instrucción es clara: las cinco entidades deben responder en un plazo máximo de tres días, contados a partir del recibo de la comunicación correspondiente.
¿Qué deben certificar? La Procuraduría quiere saber si Deicy Jiménez ha tenido, desde 2019 hasta la fecha, contratos de prestación de servicios, órdenes de prestación de servicios o cualquier otro tipo de vinculación con esas instituciones.
Si la respuesta es afirmativa, las entidades deberán entregar las certificaciones correspondientes y copias íntegras de los contratos u órdenes de servicio, indicar sus valores y aportar la hoja de vida de Jiménez. También tendrán que informar cuál es el estado actual de cada vinculación y certificar qué labores, funciones o trabajos desarrolló.
La lupa sobre quienes contrataron y supervisaron
Pero el requerimiento va más allá de establecer si hubo contratos. La Procuraduría también pide la identificación completa de las personas que suscribieron esos documentos, los nombres de los supervisores, cuando corresponda, y un informe que detalle las funciones a cargo de cada uno y el estado actual de las vinculaciones.
Además, las entidades deberán informar si Deicy Jiménez estuvo vinculada por mecanismos diferentes a los contratos de prestación de servicios.
Es decir, el organismo de control busca reconstruir no solo si existieron esas relaciones contractuales, sino también quiénes participaron en ellas, qué actividades se le asignaron a la denunciante y bajo qué modalidad fue vinculada.
Semana también deberá entregar la entrevista completa
De acuerdo con el texto del auto, se incluye otro requerimiento dirigido a la revista Semana. La publicación deberá remitir, también en un plazo máximo de tres días desde la recepción de la comunicación, una copia completa de la entrevista difundida el 25 de octubre de 2026, bajo el titular: “Joven denuncia a Gustavo Petro y dice que le pagó servicios sexuales con contratos, habla de una red de mujeres”.
La Procuraduría también pidió la identificación completa y los datos de contacto de Deicy Jiménez, señalada en el documento como presunta víctima de las conductas que son objeto de la actuación disciplinaria.
La entrevista y los documentos contractuales solicitados serán parte del material que el organismo busca incorporar al expediente para avanzar en la verificación de los hechos.
Una indagación para identificar a los posibles responsables
Según el auto, la Procuraduría explica que la actuación se originó en las publicaciones de Semana del 25 de octubre y en la información que circuló posteriormente por otros medios y redes sociales.
Así mismo, el texto explicó que los hechos podrían involucrar a varios servidores públicos que, presuntamente, habrían utilizado contratos estatales para propósitos distintos de atender las necesidades del servicio público. Las posibles conductas bajo revisión incluyen irregularidades administrativas en contratos y órdenes de prestación de servicios, así como presunto acoso y violencia de género contra varias mujeres.
El organismo de control aclara que, aunque el reportaje señala presuntos responsables, considera necesario verificar e individualizar a los funcionarios que podrían estar comprometidos y precisar las conductas que se investigarán.
Por eso, la decisión es abrir una indagación previa contra funcionarios por determinar de las cinco entidades mencionadas. La actuación se adelantará, además, bajo los lineamientos de enfoque de género citados en el auto.
Por ahora no hay responsables disciplinarios individualizados
Dentro de este requerimiento hay un punto fundamental y que se debe tener en cuenta, esta decisión no equivale a una declaración de responsabilidad ni a una sanción contra los funcionarios mencionados en las denuncias. Se trata de una etapa preliminar para verificar la información, establecer qué ocurrió e identificar a los posibles responsables.
La atención está ahora en las respuestas de las cinco entidades y en el material que entregue la revista Semana. La Procuraduría busca determinar si hubo contratos, quién los autorizó y supervisó, qué funciones se cumplieron y si esas vinculaciones podrían estar relacionadas con las presuntas irregularidades denunciadas.
Ahora, las respuestas deberán ayudar a establecer hasta dónde llegan las posibles responsabilidades administrativas y disciplinarias en este caso.
Cuatro preguntas con las claves de la noticia
¿Qué conoció La FM?
El auto de la Procuraduría que ordena abrir una indagación previa y requerir información sobre posibles contratos de Deicy Jiménez con cinco entidades estatales.
¿Cuáles son las entidades requeridas?
El Congreso, el Departamento Administrativo de la Función Pública —identificado como DAPRE en el auto—, el Ministerio del Interior y las superintendencias de Vigilancia y Seguridad Privada y de Salud.
¿Qué información deben entregar?
Certificaciones de vinculación desde 2019, contratos y sus valores, hoja de vida, funciones desarrolladas, estado de las vinculaciones e identificación de contratantes y supervisores, entre otros documentos.
¿La Procuraduría ya determinó responsables?
No. Abrió una indagación previa para verificar los hechos, identificar a los posibles responsables y establecer si existieron faltas disciplinarias.
