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El juicio disciplinario por la muerte del estudiante de derecho Javier Ordoñez arrancó con discordias entre los expatrulleros de la Policía, Harby Rodríguez Díaz y Juan Camilo Lloreda, y el procurador delegado para la Fuerza Pública.
Los expatrulleros llegaron a la audiencia sin abogado, solicitando el aplazamiento de la diligencia y asegurando que no habían sido notificados del desarrollo de la misma.
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Ante esa eventualidad, el procurador del caso dijo que los correos electrónicos enviados comprobarían las notificaciones a la audiencia y calificó esas peticiones como actos dilatorios, por lo cual no aceptó aplazar la audiencia.
“Esta Procuraduría no debe permitir maniobras dilatorias aduciendo que no se recibió la copia de la providencia mediante la cual fueron citados a audiencia (…) esta Procuraduría tendrá por cierto que fueron notificados hasta tanto se demuestre lo contrario”, sostuvo el procurador delegado.
Los expatrulleros tampoco aceptaron la presencia de defensores públicos; sin embargo, el procurador dijo que la norma no obliga a aplazar la diligencia, aunque el procesado se presente sin abogado.
La audiencia continuó y la Procuraduría leyó los cargos disciplinarios por los cuales los expatrulleros son procesados, entre los que se encuentra presunto abuso de autoridad.
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“Incurriendo en extralimitación de sus funciones porque, según el concepto de este despacho, no existía una estricta necesidad para su actuar (…) debió fomentar el respeto por los derechos humanos y la protección de las personas”, se indica en el documento leído en audiencia.
Señaló que los uniformados, al parecer, abusaron de su autoridad “injustificadamente sobre el señor Javier Ordoñez, situación que no cuenta con la estricta necesidad, proporcionalidad, y razonabilidad que legitiman el uso de la fuerza”.
La Procuraduría dijo que en el video que fue difundido en redes sociales,“se evidencia más de seis choques generados” con el arma taser usada por los uniformados en el cuerpo de la víctima.
