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La Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá desestimó los argumentos de la Fiscalía General y se abstuvo de dictar medida de aseguramiento en contra del contralor de Bogotá, Juan Carlos Granados Becerra por su presunta relación con el escándalo de Odebrecht.
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Tras esta decisión el jefe de control fiscal del distrito enfrentará este proceso penal en libertad. En la audiencia celebrada este viernes, el magistrado Fabio Bernal concluyó que Granados no representará un peligro para la comunidad y tampoco existe el riesgo de que obstruya la justicia.
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“No se vislumbra una inferencia razonable de responsabilidad del contralor en los hechos investigados. No se puede argumentar la medida de aseguramiento solo con base en la gravedad de los delitos imputados por parte de la Fiscalía”, precisó el magistrado con función de control de garantías.
Según el Tribunal, en este caso no está acreditada la participación del Contralor de Bogotá con una organización criminal y tampoco pesan antecedes en su contra que justifiquen una medida de aseguramiento privativa de la libertad.
“No se advierte un peligro de fuga por parte del contralor lo que demostraría que está presto a seguir compareciendo a cada una de las citaciones de la justicia”, señaló.
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Los argumentos de la Fiscalía
En su petición, la Fiscalía planteó que existen pruebas contundentes contra el Contralor de Bogotá por su supuesta autoría en los delitos concierto para delinquir, interés indebido en la celebración de contratos y tráfico de influencia de servidor público.
De acuerdo con la fiscal del caso, el otrora gobernador de Boyacá podía llegar a obstruir la justicia y afectar el proceso penal que se sigue en su contra, por lo que era necesario afectarlo con medida de aseguramiento.
“El Contralor de Bogotá podría llegar a interferir, afectar o destruir las pruebas recolectadas por los investigadores y porque además es el actual encargado del control fiscal”, dijo la representante del ente investigador.
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“Granados Becerra estaría involucrado en posibles irregularidades en su condición de candidato a la gobernación de Boyacá, además de otros hechos similares supuestamente cometidos como primer mandatario de dicho departamento durante el período 2012 – 2015”, indicó la Fiscalía.
Según la Fiscal del caso dentro de las pruebas clave que incriminan a Granados en este escándalo se destaca el testimonio bajo juramento de Federico Gaviria uno de los implicados en el escándalo de pago de sobornos de la multinacional brasileña.
“La declaración jurada rendida 14 de noviembre de 2017 por Federico Gaviria Velásquez, da cuenta de la inferencia de Odebrecht a través del senador Plinio Olano para financiar la campaña de Granados a la Gobernación de Boyacá”, indicó.
Las reuniones criminales
La Fiscalía planteó que existen evidencias que demostrarían que Granados sostuvo varias reuniones con el exsenador Plinio Olano, directivos de Odebrecht en Colombia, entre otros para “pactar un estratagema para lograr un desembolso de 200 millones de pesos a cambio de financiar su candidatura a la Gobernación y favorecer a la multinacional”.
“Dese el año 2011 usted como candidato a la Gobernación de Boyacá y como primer mandatario del departamento entre 2012 y 2015, usted se concertó con directivos de Odebrecht Eleuberto Martorelli, Luis Bueno, el exsenador Plinio Olano y Federico Gaviria para cometer varios delitos contra la administración público”, dijo la fiscal.
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Las pruebas indicarían que Granados expuso a los directivos de Odebrecht lo respectivo al contrato de la vía Duitama - Charalá - Sangil, cuya obra finalmente no accedió finalmente Odebrecht al considerarla que era insostenible financieramente.
En plena audiencia, la Fiscal revela copias de las actas de planilla de ingreso de Granados con fecha de 2011 al conjunto residencial ubicado en Sopo, donde vivía el excongresista Plinio Olano, ubicada en Sopo.
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De acuerdo con la fiscalía en el interrogatorio rendido ante los investigadores el hoy contralor distrital negó dichas visitas a la vivienda del excongresista Olano, pero las pruebas demostrarían todo lo contrario.
El plan ‘B’
La Fiscalía indicó que como plan B, en otra reunión se pactó la posible participación de Odebrecht en el proyecto de la Corporación Autónoma Regional, CAR, de ampliación de la planta de tratamiento de aguas residuales del salitre, pero dicho negocio no se concretó debido a que para ese entonces estalló el escándalo de pago de sobornos de la multinacional brasileña.
“Esta reunión fue en el apartamento del entonces gobernador y el objetivo consistió en determinar que debía hacer Odebrecht para preclasificar en este proyecto y que más adelante Plinio Olano y Martorelli establecieron el 3 % del contrato”, agregó la Fiscal.
El contralor se defiende
En desarrollo de la audiencia, el contralor de Bogotá, Juan Carlos Grabados asumió su propia defensa y aunque admitió que conoció a Luis Bueno y Eleuberto Martorelli, expresidente de Odebrecht en Colombia, solo lo hizo hasta 2013 cuando ya era Gobernador de Boyacá, pero no como candidato.
Asimismo, hizo énfasis en que no es cierto que haya recibido por parte de los directivos de Odebrecht la suma de 200 millones de pesos para financiar su campaña a la Gobernación.
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El contralor desestimó las pruebas de la Fiscalía que indicarían que Granados expuso a los directivos de Odebrecht lo respectivo al contrato de la vía Duitama - Charalá - Sangil, cuya obra finalmente no accedió la multinacional brasileña al considerarla que era insostenible financieramente.
Según el contralor Odebrecht en su momento ni siquiera presentó propuesta para acceder de manera formal al proyecto sobre la vía Duitama-Charalá.
Para ese fin presentó como prueba una constancia emitada por la oficina de gestión documental de la Asamblea de Boyacá en la que se señaló que “ revisados los archivos de la Asamblea de Boyacá de los años 2012 - 2015 se constató que no se presentó solicitud alguna encaminada para realizar la concesión, ni para celebrar APP del corredor vial Duitama - Charalá - San Gil”.
Granados también indicó que la declaración de Federico Gaviria uno de los implicados en el escándalo de pago de sobornos de la multinacional brasileña, considerado testigo clave en su contra ha estado fundamentado en contradicciones.
