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La Jurisdicción Especial para la Paz recibió de manos de asociaciones de víctimas, dos nuevos informes sobre casos de falsos positivos cometidos durante el conflicto armado.
La entrega la hicieron la Asociación Minga y el Comité de Integración Social del Catatumbo (CISCA), la Corporación Colectivo de Abogados Luis Carlos Pérez (Ccalcp) y la Asociación de Campesinos del Catatumbo (Ascamcat) que representan a los jóvenes asesinados en Ocaña, Teorama, El Tarra, Convención, El Carmen, Ábrego y San Calixto, en el departamento de Norte de Santander.
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Los informes reúnen 158 casos relacionados con ejecuciones presentadas ilegalmente como bajas en combate, cometidas presuntamente por miembros de la Brigada Móvil No.15 del Ejército Nacional durante el 2005 y el 2008.
“Los informes que nos entregan son muy importantes. Estos documentos reúnen el trabajo de décadas de investigación y el esfuerzo de los familiares por documentar los casos y tocar las puertas de las organizaciones estatales, así como la de los abogados para que esto no queden en la impunidad”, aseguró Catalina Díaz, magistrada de la Sala de Reconocimiento de la JEP.
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Estos informes, junto con los que han sido aportados por otras organizaciones de víctimas y entidades del Estado, servirán como insumo dentro de las investigaciones del caso 003 que adelanta la JEP en contra de miembros de la Fuerza Pública por todos los casos de 'falsos positivos'.
Las versiones voluntarias que rendirán los miembros de la Fuerza Pública sometidos a la JEP, serán contrastadas con estos informes.
