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Human Rights Watch (HRW) emitió un informe en el que advierte sobre el aumento de la violencia en el Catatumbo, Norte de Santander, en el marco de la política de "paz total" del gobierno de Gustavo Petro. Según la organización, 78 personas han sido asesinadas en lo que va del año, entre ellas cuatro niños, y al menos 56.000 personas han sido desplazadas.
Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas de HRW, explicó en La FM de RCN que la investigación incluyó 65 entrevistas con desplazados provenientes de municipios como El Tarra, Convención, Tibú, Teorama, Sardinata y Vacaña. Además, detalló que la expansión territorial del Frente 33 de las disidencias de las FARC, junto con la respuesta del ELN, ha generado una crisis humanitaria en la región.
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“Nos concentramos particularmente en documentar los hechos cometidos especialmente por el ELN entre el 16 y el 17 de enero, que incluyeron homicidios, secuestros, desapariciones y que tuvieron como consecuencia el desplazamiento forzado de más de 65.000 personas”, indicó Goebertus.
HRW señala que la falta de verificación en los ceses al fuego permitió que el Frente 33 de las disidencias fortaleciera su control en la zona. “Ampliaron su capacidad de control, incluyendo el reclutamiento forzado de menores. Avanzaron en la construcción de puestos de salud, colegios e incluso realizaron fiestas navideñas con regalos a los niños”, señaló.
Uno de los testimonios documentados por HRW describe la existencia de un "campamento de resocialización", ubicado a 45 minutos de Tibú, donde personas eran retenidas en contra de su voluntad y sometidas a trabajos forzados. “Las personas reportan que quien estaba en control de este campamento era el Frente 33, que tuvieron que presenciar cómo había niños reclutados, cómo se cometían homicidios y violencia sexual contra mujeres, incluyendo menores de edad”, relató Goebertus.
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Ante la pregunta de si esto equivalía a un campo de concentración, Goebertus respondió: “Sí. Ellos lo llaman un campo de resocialización, pero sin duda es un campo de trabajo forzado profundamente violatorio de los derechos humanos”.
En cuanto a la implementación de la política de paz total, HRW advierte que sin un adecuado control de seguridad y justicia en la región, se ha puesto en riesgo a la población civil. “Los ceses no monitoreados y no verificados ponen en gravísimo riesgo a la población. Iniciar proyectos de desarrollo rural con un grupo armado sin garantizar condiciones de seguridad ha derivado en un baño de sangre en el Catatumbo”, advirtió la directora de HRW.
Goebertus también mencionó que desde 2022 no hay fiscales en Tibú por razones de seguridad. “Desde entonces, ninguno de los dos gobiernos ha garantizado las condiciones necesarias para que haya justicia en el territorio”, afirmó.
