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Dado lo anterior, Otero deberá responder por el delito de tráfico de influencias de particulares, y deberá pagar una multa cercana a los 80 millones de pesos, tras evidenciarse que se ofreció por parte de Fidupetrol 500 millones de pesos para que en la Corte Constitucional se seleccionara una tutela en favor de esa firma, en medio de un pleito con la Gobernación del Casanare.
La juez del caso aseguró que Otero actuó con dolo contra la administración pública, al intentar comprar un fallo de la Justicia.
Cabe recordar que por estos hechos también es investigado el magistrado y expresidente de la Corte Constitucional, Jorge Pretelt.
Al finalizar la audiencia pública, Otero abandonó los juzgados de Paloquemao esposado y con boleta de captura dirigida al director del Inpec.
Aún no se conoce cuál será la cárcel en la que será recluido el empresario, pues las autoridades deben verificar la disponibilidad de cupos en los centros penitenciarios de Bogotá.
En el desarrollo de la audiencia, la Fiscalía apeló la determinación de la juez 10 de Conocimiento, quien ordenó la captura luego de condenarlo, debido a que la sentencia hacia parte de un preacuerdo entre el ente acusador y el procesado, en el que no se contempló su detención pues aceptó los cargos y empezará a colaborar con la justicia durante el proceso.
