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El general Jaime Uscátegui, condenado por la masacre de Mapiripán y quien se acogió a la Jurisdicción Especial de Paz, se pronunció luego de que la JEP se negara a revisar la sentencia emitida en su contra por la Justicia Ordinaria.
Uscátegui había hecho esta solicitud advirtiendo que en el momento en que se emitió su condena, no se escuchó la versión del entonces jefe paramilitar Salvatore Mancuso, cuyo testimonio podría ser clave en todo su proceso.
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Sin embargo, algunos magistrados de esa jurisdicción consideraron que la declaración de Mancuso no se constituye en una nueva prueba que permita revisar la sentencia del general.
Ante esto, el oficial emitió un comunicado en el cual asegura que la Justicia Especial de Paz no puede negarse a escuchar la declaración de Mancuso, quien en una versión libre ante Justicia y Paz en el 2011, señaló que no tuvo conocimiento de su supuesta participación en la masacre de Mapiripán (Meta).
Según el comunicado del oficial, esto fue lo dicho por Mancuso: “Bueno, yo desconozco la participación del general Uscátegui, realmente nunca lo escuché nombrar dentro de las coordinaciones que hicieron los comandantes Castaño y los diferentes comandantes de autodefensas, había que preguntarle a “Miguel”, al “Capitán Victoria” que él hizo las coordinaciones hasta allá, pero yo jamás tuve conocimiento particularmente lo que yo conozco de la participación del general Uscátegui; Conozco de las otras personas que les he nombrado y mencionado.”
El general Jaime Uscátegui afirma además que si la JEP insiste en no tener en cuenta esta y otras declaraciones dentro de su caso, le podría estar violando su derecho al debido proceso.
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“Si se me condena sin escuchar a Mancuso y revisar al menos otras 10 pruebas nuevas que demuestran mi inocencia, y que jamás fueron consideradas por la justicia ordinaria por ser sobrevinientes, se me estaría negando el derecho fundamental a un debido proceso dentro de la JEP. Lo único que pido es que mis pruebas sean admitidas y valoradas con objetividad”, indicó.
Además, destacó la posición expresada por la magistrada Caterina Heyck Puyana, quien se apartó de la decisión de sus demás compañeros y consideró que escuchar a Mancuso era crucial no solo para quienes se acogieron a la jurisdicción, sino también para las víctimas de esta masacre.
