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En octubre de 2019, Francisco Barbosa Delgado presentó ante los magistrados de la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia una cifra: el 51 por ciento de los procesos que son presentados por la Fiscalía General ante los jueces terminan en fallos absolutorios.
Esto quiere decir que las teorías del caso reveladas por el ente investigador no logran convencer al juez. En su misma exposición, Barbosa hizo un llamado de atención sobre la forma en cómo se recolectan las evidencias y elementos materiales de prueba.
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Expertos consultados por LA FM coincidieron en afirmar que muchos de los casos emblemáticos de la Fiscalía General han terminado en absolución o, lo que es mucho más grave, en absolución.
El abogado Camilo Gámez sostiene que existen muchas fallas al momento de adelantar los juicios. Además de las maniobras dilatorias de los abogados que no reciben una sanción, la Fiscalía pierde el "norte" en el proceso penal.
Gámez cita el caso de la supuesta falsa desmovilización de la compañía Cacica La Gaitana de las Farc. En diciembre de 2011, indica, se anunció "con bombos y platillos" la imputación de cargos contra el exalto comisionado de paz, Luis Carlos Restrepo y altos mandos militares.
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Ocho años después, el caso continúa en preparatoria y uno de los delitos ya prescribió y "otros van a correr la misma suerte". Asegura, con "conocimiento de causa", que la Fiscalía General no ha sido ágil a la hora de presentar las pruebas que serán tenidas en cuenta en el juicio y se ha deslumbrado "una improvisación" para presentar su teoría del caso.
La situación no mejora en otros casos clave: InterBolsa, Reficar, el cartel de la toga, los desfalcos a la salud, la Dian y el magisterio, así como el sonado Odebrecht no han logrado avances en los últimos meses.
Los mismos expertos señalan que se presentan varias situaciones para tener en cuenta: la complejidad de los procesos, la falta de fiscales para adelantar todas las pesquisas, las maniobras dilatorias y las falencias en la preparación penal de los delegados de la Fiscalía General para defender el caso en los estados judiciales.
En el caso Odebrecht, Barbosa propuso en su momento delegar dos fiscales ante la Corte Suprema para que se dediquen especialmente a esta investigación. Sin embargo, este puede ser un "pañito de agua" puesto que muchos de los implicados en este escándalo de corrupción no han sido vinculados formalmente y muchos procesos se encuentran frenados por la falta de colaboración de autoridades internacionales.
Red de 'chuzadas'
Durante la administración de Néstor Humberto Martínez y en la interinidad de Fabio Espitia se conoció la existencia de varias redes dedicadas a realizar interceptaciones ilegales y vender información utilizando los equipos y salas especializadas de la Fiscalía General.
Entre sus objetivos se encontraban representantes sindicales, empresarios, funcionarios públicos, abogados congresistas, delegados del Gobierno en el proceso de paz con las Farc en La Habana (Cuba), defensores de Derechos Humanos, entre muchos otros.
Las investigaciones preliminares permitieron establecer que los fiscales encargados de estas salas de interceptación y análisis de datos ejecutaron diferentes maniobras para engañar a los jueces de garantías y conseguir autorizaciones para realizar las ‘chuzadas’ o ejercían presión sobre sus subalternos para que consiguieran la información.
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El escándalo abrió un gran debate sobre la forma en cómo estaban funcionando estas salas especiales y el uso que se les estaba dando a los equipos. Barbosa manifestó la necesidad de llegar al fondo de la situación, creando mejores mecanismos para evitar que estos hechos se presenten nuevamente.
Los expertos consideran que este caso demuestra la fragilidad interna del ente investigador, la falta de control que existe debido a la gran cantidad de funcionarios y a las “ruedas sueltas” que han existido y siguen estando presentes en el organismo persecutor del delito en Colombia. Por esto, recomiendan tomar como ejemplo la forma en cómo funcionan las autoridades en Estados Unidos y Canadá, para ejercer más control y vigilancia.
Delitos menores y sobrecarga laboral
Cerca de 27 mil denuncian llegan semanalmente a la Fiscalía General por delitos que atentan contra la seguridad pública. Entre estos se destacan los robos de celulares y viviendas. Muchos de estos casos –reseñan los expertos- no reciben la atención que se merecen puesto que se les designan a fiscales que ya tienen una sobrecarga laboral.
Las investigaciones se demoran mucho, casi nunca prosperan. Luisa González, politóloga de profesión y quien ha analizado el caso de la justicia en Colombia, reseña que pese a que se invita a la gente a denunciar cuando pasan estos hechos, lo cierto es que el ente investigador no cuenta con los elementos suficientes para poder resolverlos todos.
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González reseña la falta de tecnología en el ente, las falencias en la recolección de evidencias para identificar e individualizar a los responsables de estos casos. Por esto muchos de ellos se archivan o no reciben si quiera una respuesta, por lo que la gente deja de creer en la Fiscalía General.
Debido a esto proponen crear y fortalecer una Unidad para este tipo de delitos con el fin de darle una respuesta efectiva a la ciudadanía. “A las personas les molesta todo el caso de corrupción de Odebrecht o Reficar, pero les afecta mucho más saber que los casos que pasan día a día en todas las ciudades no se resuelvan”.
Relación con la JEP
El nuevo Fiscal General también deberá mejorar sus relaciones con la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), brindándole un apoyo para que agilizar las investigaciones de los hechos relacionados con el conflicto armado interno.
