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La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra el alcalde de Cartagena, William Dau Chamat, y la directora de Cobertura de Educación del municipio, Alexandra Herrera, por presuntas irregularidades relacionadas con sobrecostos por $527 millones, detectados en el contrato para proveer las raciones alimenticias diarias del Plan de Alimentación Escolar (PAE) a 97.135 estudiantes de los colegios públicos de la ciudad de Cartagena durante la pandemia Covid - 19.
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De acuerdo con los hallazgos del Ministerio Público, el mandatario distrital suscribió una adición por $3.400 millones sobre el contrato original, que fue firmado por $22.459 millones, con fundamento en los estudios previos autorizados por la directora de Cobertura de Educación, a pesar de conocer un informe de la Contraloría General de la República en que se denunciaron los sobrecostos y la diferencia entre los paquetes alimentarios propuestos y los que realmente fueron entregados a los estudiantes en sus casas.
En su auto de cargos, la Procuraduría compara los precios del mercado, versus los valores cobrados al distrito de Cartagena por el contratista, de los productos que hacían parte de los kits alimenticios a entregar.
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Además de los sobrecostos, la Procuraduría pudo establecer que los paquetes nutricionales mensuales para los estudiantes, que constaban de al menos 15 productos diferentes, aparentemente fueron entregados incompletos, en algunos casos solo se entregó uno de los productos, y sin embargo al parecer se cobraron por el valor total, incluido el costo, utilidades e impuestos completo.
La falta del alcalde fue calificada provisionalmente como gravísima, a título de culpa gravísima, por haber suscrito y adicionado el contrato en cuestión, no obstante que al parecer existían sobrecostos, con lo cual presuntamente se causó un detrimento al patrimonio público de $527.398.851.
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La directora de Cobertura Educativa obtuvo la misma calificación provisional de falta gravísima, a título de culpa gravísima, por haber suscrito y presentado los estudios previos para el PAE, que determinaron el valor del contrato y su posterior adición presupuestal, pese a que al parecer se presentaban sobrecostos.
