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Para la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría General de la Nación "hay vicios de forma en el traslado de evidencia a la defensa".
Por lo anterior, ambas entidades de control han apelado la decisión del juez de garantías que dejó en libertad al exalcalde y alcalde de Santa Marta.
Un juez de control de garantías de Santa Marta no aceptó la solicitud de medida de aseguramiento presentada por la Fiscalía y ordenó la libertad del alcalde Rafael Martínez y el exalcalde Carlos Caicedo.
Mandatario y exalcalde son procesados por su presunta participación en la celebración irregular de contratos para la construcción de cinco centros de salud en la capital del Magdalena.
El abogado Iván Cancino, quien defiende los intereses de los dirigentes políticos, aseguró que el funcionario judicial consideró que no existían méritos para privar de su libertad a los dos imputados.
En la audiencia celebrada de manera reservada el pasado miércoles, la Fiscalía les imputó cargos por los delitos de celebración indebida de contratos y peculado por apropiación. Ante la pregunta del juez Martínez y Caicedo se declararon inocentes.
La Fiscalía investiga a los mandatarios por las falencias que se presentaron en la celebración y ejecución de cinco contratos cuyo valor global asciende a los 12 mil millones de pesos. Los convenios tenían como objetivo la construcción de cinco puestos de salud en Santa Marta.
Según la investigación, el exalcalde Caicedo habría suscrito un acta y un acuerdo que autorizaba la demolición y construcción de cinco puestos de salud: Mamatoco, La Paz, Candelaria, Taganga y Bastidas. Sin embargo, solamente se construyó este último.
Los dos contratos en la mira de la Fiscalía son el No. 004, firmado el 18 de noviembre de 2014. Este convenio fue celebrado entre la ESE Alejandro Próspero Reverend y Mediredes SAS para el mantenimiento y adecuación de los centros de salud Bastidas, Candelaria, Mamatoco, Taganga y La Paz. El mismo tuvo un valor de 6.532 millones de pesos.
En este primer contrato se detectó que se habría presentado un incumplimiento en los requisitos legales, falta de planeación, inexistencia del concepto de viabilidad técnica por parte del Ministerio de Salud para la ejecución de proyectos de inversión, así como de la licencia de construcción, lo que generó un detrimento patrimonial cercano a 5.000 millones de pesos.
El proceso contra Rafael Martínez
En el caso del suspendido alcalde de Santa Marta, Rafael Alejandro Martínez, se le investiga por su presunta participación en las fallas que se presentaron en la etapa precontractual y la suscripción del contrato No. 007 de 2016, que tenía como fecha límite de su ejecución el 31 de diciembre de 2017.
Este segundo contrato fue celebrado entre la Alcaldía de Santa Marta y la Unión Temporal Construyendo Salud y tenía por objeto la adecuación y terminación de los centros de salud: La Candelaria, La Paz y Taganga, por valor de $5.863 millones.
En relación con este contrato, la Fiscalía evidenció inconsistencias relacionadas con la obtención extemporánea del concepto de viabilidad técnica por parte del Ministerio de Salud. El convenio fue otorgado cuando se encontraba en plena ejecución; además se determinó que la licencia de construcción también se solicitó extemporáneamente y a la fecha no ha sido otorgada.
