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La Fiscalía General de la Nación reactivó las órdenes de captura contra siete exmiembros representantes de la organización armada ilegal conocida como Comuneros del Sur, luego de que el Gobierno Nacional diera por terminada la mesa de diálogo con este grupo y revocara la designación que mantenía a sus voceros bajo el beneficio de suspensión de las órdenes de captura.
La decisión fue adoptada por la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo Garzón, mediante la Resolución 00273 del 7 de septiembre de 2026.
Según la información oficial, la determinación se produce pocos días después de que el Gobierno Nacional decidiera cerrar la mesa de conversaciones con esta estructura armada.
Según el documento de la Fiscalía, mediante la Resolución Presidencial 365 del pasado 3 de septiembre, el Ejecutivo dio por terminada la mesa de diálogo con el autodenominado Frente Comuneros del Sur.
Ese mismo día, a través de las resoluciones 366, 367 y 368, fueron revocadas las designaciones de los integrantes de este grupo como miembros representantes.
Y esa decisión tuvo una consecuencia directa en materia judicial: al perder su condición de voceros en la negociación, también desapareció el beneficio que mantenía suspendidas las órdenes de captura.
Siete nombres vuelven a ser requeridos
Según la misma Fiscalía "la reactivación de las órdenes de captura cobija a siete exmiembros representantes de Comuneros del Sur".
Entre ellos están Oliverio Orfilio Pai Rodríguez, conocido como alias “Chuki”; Gabriel Yepes Mejía, alias “HH”; Lorena Vanesa Sevillano Ortiz, alias “Taliana”; Santo Eligio García Natascuas, alias “Santos”; y Jaime Eduardo Álvarez Riascos, alias “Lalo”.
En ese mismo sentido se explicó que también hacen parte de la lista Leidy Paola Tapia Benavides y Víctor Alfonso Rodríguez Canticuz.
De acuerdo con la resolución, estas personas vuelven a quedar bajo requerimiento de las autoridades judiciales, después de que dejara de tener vigencia la suspensión asociada a su condición de representantes en la mesa de diálogo.
La Fiscalía, sin embargo, hizo una precisión importante: no todas las personas que fueron incluidas inicialmente en la solicitud presidencial quedaron cobijadas por una nueva reactivación.
Esto debido a que, en algunos casos, las órdenes de captura ya estaban activas y, en otros, las personas mencionadas nunca habían tenido una suspensión de esas órdenes.
La ruptura de la mesa de diálogo
La decisión de la Fiscalía está directamente relacionada con el cambio de rumbo del Gobierno frente a Comuneros del Sur.
El Ejecutivo determinó el pasado 3 de septiembre terminar la mesa de diálogo y retirar la condición de representantes a los integrantes de esta estructura.
En ese mismo sentido, la Fiscalía explicó en su resolución que, como consecuencia de esa revocatoria, se imponía reactivar las órdenes de captura de quienes habían recibido el beneficio precisamente por ostentar esa calidad.
En otras palabras, el mecanismo que había permitido suspender temporalmente las órdenes de captura estaba condicionado a la participación de estas personas como representantes dentro del proceso de diálogo.
Al terminarse ese escenario, también terminó el beneficio judicial.
Policía y Fiscalía deberán ejecutar las capturas
Ahora la decisión pasa al terreno operativo: la Fiscalía ordenó comunicar la resolución a las autoridades de policía judicial correspondientes para que implementen la medida dentro de sus competencias.
De acuerdo con la misma Fiscalía, esto significa que organismos como la Policía Nacional, la DIJIN y el CTI deberán actuar para localizar a las personas cobijadas por las órdenes de captura y ponerlas a disposición de las autoridades judiciales, de acuerdo con los procedimientos establecidos por la ley.
La medida marca así un nuevo escenario frente a los integrantes de Comuneros del Sur, después de la ruptura de las conversaciones con el Gobierno.
La Fiscalía sostiene que la reactivación se adopta como consecuencia directa de la pérdida de la calidad de representantes y del levantamiento de la protección judicial que estaba asociada a esa condición.
De esta manera, el Estado vuelve a activar sus herramientas judiciales frente a siete integrantes de esta organización, mientras las autoridades deberán establecer ahora su ubicación y hacer efectivas las órdenes correspondientes.
Cuatro preguntas para entender la noticia
¿Por qué se reactivaron las órdenes de captura?
Porque el Gobierno Nacional terminó la mesa de diálogo con Comuneros del Sur y revocó la designación de sus voceros como miembros representantes. Al perder esa condición, dejaron de tener vigente el beneficio de suspensión de las órdenes de captura.
¿Quiénes son los siete exmiembros cobijados por la medida?
Oliverio Orfilio Pai Rodríguez, alias “Chuki”; Gabriel Yepes Mejía, alias “HH”; Lorena Vanesa Sevillano Ortiz, alias “Taliana”; Santo Eligio García Natascuas, alias “Santos”; Jaime Eduardo Álvarez Riascos, alias “Lalo”; Leidy Paola Tapia Benavides y Víctor Alfonso Rodríguez Canticuz.
¿Por qué no se reactivaron órdenes contra todas las personas mencionadas por el Gobierno?
Porque, según la Fiscalía, algunas ya tenían sus órdenes de captura activas y otras nunca habían recibido el beneficio de suspensión de esas órdenes.
¿Qué sigue después de la resolución de la Fiscalía?
La decisión fue comunicada a las autoridades de policía judicial para que procedan con su implementación. Ahora corresponde a organismos como la Policía, la DIJIN y el CTI adelantar las acciones necesarias para localizar y capturar a las personas requeridas.
