Fiscalía llamará a declarar a la Junta Directiva de Reficar y Ecopetrol

Luego de que agentes del CTI llevaran a cabo una serie de allanamientos en las oficinas de Reficar en Cartagena y Bogotá, el ente investigador llamará a declarar a la Junta Directiva de la Refinería de Cartagena y Ecopetrol por el escándalo de supuestos sobrecostos que alcanzarían los cuatro mil millones de dólares.

En dichos allanamientos adelantados por agentes del CTI a ambas sedes administrativas de Reficar fueron hallados más de 2.500 contratos que están siendo valorados, material que servirá para identificar los supuestos sobrecostos, denunciados en su momento por la Contraloría General de la República.

Las 'perlas' dentro del escándalo de Reficar

Así mismo, en las diligencias de allanamiento el CTI obtuvo computadores, documentos que contienen fecha de varias reuniones, facturas, 14 escrituras públicas, entre otra información magnética y física. Para la Fiscalía es necesario escuchar en declaración a los altos funcionarios, no sin antes aclarar que esto no significa que estén vinculados a algún proceso judicial.

Los sobrecostos

En USD 4.023 millones se incrementaron los costos de ejecución de la Refinería de Cartagena, según cálculos realizados por la Contraloría General de la República. El costo total del proyecto es de USD 8.016 millones, frente al presupuesto inicial de USD 3.993 millones (un incremento del 100%).

En cuanto a inversión (Capex) para la ejecución del proyecto, la CGR identificó una línea base establecida en octubre de 2009 de USD 3.993 millones y un presupuesto a septiembre de 2015 equivalente a USD 8.015 millones. Los costos de inversión variaron principalmente por la actividad de construcción, que representó USD 2.328 millones adicionales, y por los costos del propietario asociados a la contratación y gastos de Reficar S.A. y Ecopetrol S.A., que estuvieron USD 1.265 millones por encima de lo planeado.

Se calcula que a precios corrientes las pérdidas acumuladas de Reficar S.A. ascienden a $ 1,69 billones de pesos en el periodo comprendido entre los años 2006 a 2014. Sumado a esto, existen unos costos de oportunidad ligados a la no entrada en operación de la refinería en el tiempo previsto, como los ingresos no percibidos desde la primera fecha establecida (2012), teniendo en cuenta que ésta fue inaugurada en octubre de 2015 y se espera que una vez terminadas todas las actividades de precomisionamiento, comisionamiento y arranque, finalmente inicie producción a plena carga en marzo de 2016.

La Contraloría General de la República hizo una estimación de beneficios económicos no generados en los 27 meses de atraso, que alcanza un monto de USD 1.106,9 millones. Las siguientes son algunas cifras relevantes del Proyecto de Modernización de la Refinería de Cartagena, establecidos por la Contraloría Delegada de Minas y Energía:

Contratación

Reficar ha viabilizado 1.846 contratos con 516 adiciones denominados en pesos, por los que se han pagado COP 7,3 billones. Igualmente ha suscrito 60 contratos y 127 adiciones denominados en dólares, por USD 112 millones; y por un contrato denominado en euros ha pagado EUR $1,2 millones.

De dichos contratos, un 17% de estos presentaron incrementos superiores al 100% en valor con lo cual se terminó pagando un adicional de USD 142 millones, y COP 35 mil millones, siendo importante señalar que la actividad contractual se concentró en un reducido número de contratistas y que algunos son contratistas comunes con CB&I y Foster Wheeler.

Por su parte, y conforme a lo reportado por Reficar, CB&I ha realizado un total de 255 contratos y 850 adiciones por las que ha pagado COP 2,7 Billones; denominados en dólares ha realizado 60 contratos y 127 adiciones por valor de USD 112 Millones; y denominado en euros ha realizado un contrato por valor de EUR 1.2 millones. Dentro de tales contratos se encontró que el 29% de estos presentaron incrementos superiores al 100% en valor, que implicaron pagos adicionales por USD 43 Millones, EUR 0,8Millones y COP 1 Billón.

Por su lado, Foster Wheeler suscribió 13 contratos y 34 adiciones por valor de COP 11,503 millones. Entre la contratación de Reficar, CB&I y Foster Wheeler, se encontró que el 18% de la contratación presentó incrementos superiores al 100% lo cual llevo a pagar adicionales de EUR 0,8 millones, USD 185 Millones y COP 1,67 Billones. Sin embargo las mayores sumas invertidas no necesariamente reflejaron beneficios superiores a los inicialmente previstos y por el contrario contribuyeron al importante incremento de los costos asociados al proyecto.

Pérdidas acumuladas

Mientras se efectuaba la construcción de la nueva refinería, Reficar S.A. tuvo ingresos operacionales por cuenta de la refinería antigua, cuya operación estuvo a cargo de Ecopetrol hasta marzo de 2014 cuando por decisión de la Junta Directiva de Reficar S.A. cesó sus actividades. En general, la utilidad operacional ha sido negativa y Ecopetrol como socio ha financiado las necesidades de corto plazo de Reficar S.A. mediante créditos de tesorería.

Como se indicó inicialmente, se calcula por parte de la CGR, que a precios corrientes las pérdidas acumuladas de esta empresa (Reficar S.A.) ascienden a $ 1,69 Billones de pesos. Se asumió una participación y un riesgo, desatendiendo la política pública

Desde 1996 Ecopetrol inició el proyecto de mejoramiento y modernización de la refinería de Cartagena (Plan Maestro de Desarrollo de la refinería de Cartagena – PMD), el cual habría de ser consecuente con los lineamientos de los documentos Conpes 2878 de 1998, 3312 de 2004, 3336 de 2005 y la Ley 812 de 2003 que aprobó el Plan Nacional de Desarrollo 2006 – 2010 "Hacia un Estado Comunitario".

No obstante, el proyecto de ampliación y modernización de la Refinería se apartó sensiblemente de los parámetros definidos en la política pública, en tanto en el mismo la participación estatal y la consecuente asunción de riesgos asociados terminó siendo la regla general.

Tal situación es contraria al propósito de la política pública según la cual dicha participación debía ser minoritaria, pues precisamente se procuraba salvaguardar el patrimonio estatal del riesgo derivado de la industria en mención y evitar situaciones de elevación incontrolada de costos, que fue precisamente lo que se presentó en el proyecto.