Emilio Tapia fue imputado por corrupción en contratos de Emcali

La Fiscalía General de la Nación acudió nuevamente ante los jueces de la República para imputarle cargos al contratista Emilio Tapia Aldana, por estar nuevamente implicado con actos de corrupción en millonarios contratos.

Esta investigación está siendo coordinada por una fiscal adscrita a la Dirección Especializada contra la Corrupción, quien le formuló cargos a Tapia Aldana por los delitos de fraude procesal y falsedad ideológica en documento privado.

De acuerdo con los elementos de prueba, el polémico contratista en compañía de otras tres personas, presuntamente gestionó la obtención de documentos con información falsa para soportar millonarias licitaciones ante las Empresas Municipales de Cali (Emcali), en el año 2021.

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En desarrollo de la investigación se estableció que Tapia Aldana supuestamente controló un conglomerado de empresas que se presentó a dos procesos contractuales relacionados con la Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAR) de Puerto Mallarino fase uno, los cuales ascendían a los 3.798 millones de pesos y otro por un monto que superó los 2.414 millones de pesos.

"Uno de los requisitos exigidos a los oferentes era presentar el aval comercial de un banco que garantizara un crédito por el 30% del valor de cada uno de los contratos. Esta obligación, presuntamente no la cumplía el consorcio del hoy procesado. Por esta razón, habrían sido falsificados dos documentos denominados Certificados de Cupo de Crédito Aprobado, los cuales fueron presentados como soporte ante Emcali", indicó la Fiscalía General.

Esa entidad logró verificar que con esta maniobra ilegal se hizo incurrir en error a los funcionarios a cargo de la contratación, quienes permitieron al conglomerado de Tapia Aldana perfeccionar la oferta y dieron aval administrativo para que se quedara con los millonarios contratos.

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Este nuevo escándalo que implica a Emilio Tapia Aldana se suma al de la Unión Temporal Centros Poblados, en el que se apropiaron de recursos de un contrato que pretendía garantizar internet a escuelas rurales del país.

Por ese proceso se ordenó su reclusión en la cárcel de El Bosque de la ciudad de Barranquilla.