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La desesperación y la rabia se convirtieron en defensa legítima para una familia de un barrio en el sur de Santa Marta que se enfrentó a pedradas, palos y machete en mano contra hombres armados que intentaban llevarse por la fuerza a un niño de apenas 13 años.
“Si esos hombres se lo iban a llevar, hubiera habido un muerto, porque nosotros nos íbamos a hacer matar”, declaró la abuela del menor, con la voz quebrada por el miedo y la indignación.
El caso revela una verdad cruda y estremecedora en Santa Marta y municipios vecinos como Ciénaga, Zona Bananera y Puebloviejo, donde los grupos armados ilegales están reclutando a niños, niñas y adolescentes.
La advertencia la hizo pública la reconocida defensora de derechos humanos, Norma Vera Salazar, quien reveló haber recibido al menos 13 denuncias recientes sobre reclutamientos forzados de menores y jóvenes entre los 13 y los 22 años por parte de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Clan del Golfo).
“Están ofreciendo entre un millón 200 mil y un millón 500 mil pesos a jóvenes desescolarizados, empobrecidos, sin oportunidades, para que ingresen a sus filas. Esto es trata de personas, es crimen de lesa humanidad”, señaló Vera Salazar.
El relato de la abuela estremece por su crudeza y urgencia. Contó cómo su nieto de 13 años, seducido por el dinero y la promesa de “salvar a su familia de la pobreza”, se estaba despidiendo para unirse a un grupo armado. “Dijo que se iba tres meses a trabajar ‘allá arriba’ y que lo iban a dejar llamar después de un mes. Nosotros nos lo trajimos a la casa y lo encerramos. Pero como tenía celular, llamó a esa gente, y fueron a buscarlo”, narró la mujer. Lo que ocurrió después fue una escena de resistencia comunitaria: “todos los vecinos ya sabían. Y todos nos armamos. Si se lo llevaban, nosotros íbamos a morir con él”, detalló la mujer.
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El modus operandi denunciado es claro y sistemático: los menores son llevados a zonas rurales donde operan estos grupos, entrenados militarmente por un mes y luego obligados a integrar las estructuras criminales, muchas veces sin vuelta atrás. Las organizaciones armadas están utilizando la desesperanza como carnada, y la miseria como campo fértil.
Norma Vera fue enfática en señalar que esto no es nuevo. Desde hace años ha venido denunciando el reclutamiento forzado en la región, incluso enfrentando represalias por parte de algunas Juntas de Acción Comunal de la Sierra Nevada. Sin embargo, la violencia se ha recrudecido recientemente debido a la disputa territorial entre los dos grupos armados por el control de rentas ilícitas. La guerra por la “gobernanza criminal” se está librando en los cuerpos y las vidas de los más jóvenes y vulnerables.
La defensora hizo un llamado urgente a las autoridades locales y nacionales: “Esto no puede seguir siendo un tema de charlas institucionales. Necesitamos un Plan Integral de Seguridad y Convivencia que actúe con contundencia: encadenamientos productivos, combate real al microtráfico, disminución de la deserción escolar. Necesitamos acciones que transformen la realidad de estos jóvenes, no promesas vacías”, sentenció Vera Salazar.
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También instó al alcalde de Santa Marta, Carlos Pinedo, a asumir su responsabilidad frente al fenómeno: “La mayoría de las denuncias vienen de esta ciudad. El reclutamiento forzado es una de las formas más salvajes de violencia contra la niñez. Y está ocurriendo bajo nuestras narices”.
Mientras tanto, las comunidades en muchos sectores vulnerables sobreviven entre el miedo y la indignación. Como la familia que se jugó la vida para que su niño de 13 años no terminara en un campamento criminal y de cómo los vecinos se alzaron en piedras y machetes porque ya no pueden confiar en que el Estado los proteja.
Santa Marta está bajo alerta por sus niños, niñas y adolescentes ante el asedio de los grupos armados ilegales que los tienen en la mira para instrumentalizarlos en sus acciones criminales.
