La FM en Google News
Los familiares de la oficial María Camila Mora Mahecha, asesinada en el Cantón Norte el 26 de noviembre, han solicitado al Ejército claridad sobre posibles fallas en los protocolos de seguridad y manejo de casos de violencia dentro de la institución.
Durante la velación de la oficial, el 29 de noviembre, el abogado Luis Eduardo Leyva, representante de la familia, reiteró la preocupación por la presencia de armas no oficiales en un área militar y pidió evitar señalamientos que afecten el nombre y la trayectoria de la uniformada, quien fue la primera mujer en Colombia en pilotear una aeronave no tripulada.
Aunque el proceso penal se archivó tras la muerte del presunto agresor, la familia anunció que llevará el caso ante la justicia civil y contencioso-administrativa para determinar eventuales responsabilidades del Estado y trabajar en la creación de una condecoración que reconozca el legado de la subteniente.
¿Qué se sabe sobre las armas no oficiales en el Cantón Norte?
El abogado explicó en entrevista con La FM que el caso incluye el homicidio de Mora y el posterior fallecimiento del oficial identificado como Pablo Andrés Másmela Zapata. Señaló que, según lo que se conoce del proceso penal, “las armas, el arma encontrada en el vehículo no es de dotación”, y que también fueron halladas otras armas no oficiales en la habitación del oficial. Esto, indicó, genera cuestionamientos frente al control de armamento dentro del Cantón Norte.
Afirmó que María Camila Mora accedió a dialogar con el oficial en el lugar bajo la confianza de que estar dentro de una instalación castrense representaba un entorno seguro.
Sobre versiones que señalaban la presencia de una tercera persona directamente en el vehículo, Leyva aseguró: “No es cierto que en el vehículo hubiese otra persona”. Detalló que una amiga de la oficial escuchó lo sucedido y alertó a las autoridades, pero sin participación en los hechos.
¿Había una relación vigente entre los dos oficiales?
Leyva señaló que la relación sentimental entre ambos había terminado tres meses antes, por lo que no corresponde usar ese término en la cobertura del caso. Informó que la oficial y el mayor sostuvieron una relación de dos años, pero en el último periodo Mora buscaba mantener distancia, mientras que él insistía en continuar con el vínculo.
Según relató, en la hoja de vida del oficial existía un antecedente relacionado con otra mujer, a quien habría dirigido una amenaza con frases similares a: “Si usted no es para mí, no es para nadie”. Indicó también que este antecedente resulta relevante en el análisis de responsabilidades institucionales, debido a que el oficial había aprobado recientemente un curso de ascenso.
Consultado sobre si existió una planificación del crimen, el abogado reiteró que no corresponde hacer conjeturas, y que ese punto será materia de valoración jurídica.
¿Qué acciones legales contempla la familia?
El abogado sostuvo que el proceso busca establecer si hubo responsabilidad estatal, ya que los hechos ocurrieron dentro de una instalación militar en la que, según explicó, no deberían existir armas distintas a las oficiales. Por ello, anunció que solicitarán una audiencia de conciliación ante la Procuraduría.
Leyva mencionó que la familia de Mora ya había vivido una experiencia de violencia, refiriéndose al asesinato de sus padres hace 12 años. Destacó que, pese a ello, la uniformada mantenía un fuerte compromiso con el Ejército.
Además del proceso administrativo, adelantó que se buscará la responsabilidad patrimonial del oficial fallecido mediante una demanda civil, lo que implica trámites en dos jurisdicciones. Finalmente, señaló que la familia pretende destinar parte de los recursos que resulten de estos procesos a la creación de una condecoración que lleve el nombre de la oficial y que se otorgue cada año a una mujer militar destacada.
