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El Departamento de Estado de Estados Unidos publicó el primer informe de Derechos Humanos desde que Joe Biden es presidente de Estados Unidos y en el documento se enfatiza en la labor que ha hecho la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) en Colombia para esclarecer los casos conocidos como 'falsos positivos', aunque al mismo tiempo este reporte menciona el incremento de la violencia en el país.
En el texto de 37 páginas, la administración Biden indica que: "en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el componente de justicia del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición previsto en el acuerdo de paz de 2016 con las FARC, (ha adoptado) medidas efectivas para para que los autores de graves violaciones de los derechos humanos rindan cuentas de manera coherente con el derecho internacional".
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Esto, según el documento, incluyó actividades para avanzar en el caso 003: "centrado en las ejecuciones extrajudiciales o "falsos positivos" cometidos por la Primera, Segunda, Cuarta y Séptima Divisiones del Ejército". De acuerdo con el Departamento de Estado, hasta el 31 de agosto la JEP informó que había recibido 250 "versiones voluntarias" en el caso de los presuntos autores relatando sus versiones de los hechos ocurridos durante el conflicto.
Asimismo menciona que: "estos testimonios llevaron a los investigadores a descubrir una fosa común de presuntas víctimas en el departamento de Antioquia. El 25 de julio, el general retirado del ejército William Henry Torres Escalante admitió su responsabilidad en los falsos positivos ante la JEP y pidió disculpas a las familias de las víctimas".
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Incluso, este informe recuerda que en 2019: "se denunció que las órdenes militares que instruían a los comandantes del ejército para duplicar los resultados de sus misiones contra guerrillas, organizaciones criminales y grupos armados ilegales podrían aumentar el riesgo de víctimas civiles".
Pese a que Estados Unidos destaca los avances de Colombia en Derechos Humanos, hace claridad que entre los problemas más importantes se encuentran informes de asesinatos ilegales o arbitrarios; informes de tortura y detención arbitraria por parte de las fuerzas de seguridad del Gobierno y de los grupos armados grupos armados ilegales; violaciones y abusos de mujeres y niños, así como el reclutamiento reclutamiento ilegal de niños soldados por parte de grupos armados ilegales.
