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Ad portas de cumplirse 18 meses del inicio de la confrontación armada entre el ELN y las disidencias de las FARC en el Catatumbo, la crisis humanitaria continúa agravándose. La presencia de minas antipersona, explosivos improvisados y los constantes enfrentamientos siguen vulnerando los derechos de la población civil y afectando el acceso a la educación.
La disputa por el control de corredores estratégicos para el narcotráfico ha restringido la movilidad de las comunidades, paralizado actividades agrícolas y obligado al cierre de varias instituciones educativas, especialmente en los municipios de Tibú, Sardinata y El Tarra.
18 sedes educativas permanecen fuera de servicio
El alto consejero para la Paz de Norte de Santander, Luis Fernando Niño, informó que al menos 18 sedes educativas permanecen cerradas debido a la instalación de minas antipersona y otros artefactos explosivos en sus alrededores, situación que impide el desarrollo normal de las clases.
"Tenemos en este momento alrededor de 18 sedes educativas que no están disponibles por la instalación de minas y otros explosivos. Además, hay una niña herida en Sardinata por la activación de una mina y un niño afectado en el municipio de Tibú. Esperamos ver qué ocurre después del 7 de agosto y seguimos haciendo un llamado para que se respete el Derecho Internacional Humanitario", manifestó el funcionario.
A esta situación se suma el constante sobrevuelo de drones cargados con explosivos, lo que mantiene en alerta a las comunidades y dificulta el regreso seguro de los estudiantes a las aulas.
Más de 1.100 estudiantes no han podido regresar a clases
De acuerdo con la Red Departamental de Defensores de Derechos Humanos, por lo menos 1.100 niños, niñas y adolescentes continúan sin asistir a clases por el temor de quedar en medio de enfrentamientos entre los grupos armados ilegales.
El presidente de la organización, Enrique Pertúz, señaló que numerosos padres de familia han optado por no enviar a sus hijos a las instituciones educativas debido al riesgo que representa la presencia de minas antipersona y el uso de drones con explosivos en zonas cercanas a las escuelas.
Pertúz calificó esta situación como una grave violación al Derecho Internacional Humanitario e hizo un llamado a los actores armados para que respeten a la población civil y excluyan a la comunidad educativa del conflicto.
Menores de edad han resultado heridos por minas antipersona
En las últimas semanas se han registrado nuevos hechos que evidencian el impacto del conflicto sobre la población civil. En la vereda Kilómetro 25, en jurisdicción de Tibú, y en el corregimiento de Las Mercedes, en Sardinata, dos menores de edad resultaron heridos tras la activación de minas antipersona y otros explosivos mientras permanecían cerca de sus viviendas.
Los niños reciben atención médica especializada debido a la gravedad de las lesiones ocasionadas por las explosiones, ocurridas en medio de los enfrentamientos entre el ELN y las disidencias de las FARC.
¿Cuántas sedes educativas están abandonadas en el Catatumbo por la presencia de minas antipersonas?
El reporte de la Alta Consejería para la Paz indica que 18 sedes educativas están cerradas y suspendidas las clases por la presencia de explosivos. Especialmente, en los municipios de Tibú, Sardinata y El Tarra.
¿Cuántos desplazados ha dejado el conflicto armado en los últimos 18 meses en el Catatumbo?
Según el último reporte del puesto de mando unificado, por lo menos 140 mil personas han salido desplazadas desde el Catatumbo por los enfrentamientos entre grupos armados. Ubicándose en las cabeceras municipales de Tibú, Ocaña y la ciudad de Cúcuta.
