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Un juez de la República definirá si el exsenador Álvaro Uribe Vélez sigue privado de la libertad, de manera preventiva, mientras avanza el proceso en su contra presunto soborno y manipulación de testigos.
El abogado Jaime Granados, defensor del exsenador Uribe, solicitará formalmente su libertad inmediata ante un juez Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá; diligencia que se adelantará este miércoles 16 de septiembre a las 9 a.m. desde el Complejo Judicial de Paloquemao.
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Granados argumentará las razones por las que considera que el excongresista y máximo líder del Centro Democrático, deberá recuperar la libertad, luego de la decisión de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, adoptada en el pasado mes de agosto.
Cabe mencionar que el abogado Granados ha expresado que la decisión fue supuestamente "infundada" y no es "preventiva, sino vengativa", además ha insistido en que se le han vulnerado los derechos al expresidente Uribe.
"Demuestra cómo a Álvaro Uribe se le han violado en este proceso seis principios y derechos jurídicos consagrados en la Constitución de Colombia”, señaló Granados.
Otro de los argumentos del abogado del exsenador consiste en que la medida de aseguramiento, con detención domiciliaria, se da luego de más de dos años después de haberse iniciado el proceso.
Entre tanto, se conoció que la diligencia se adelantará de manera virtual, acatando las medidas adoptadas en el país a raíz de la pandemia del coronavirus.
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Durante la audiencia intervendrá el abogado Rodrigo Villalba, defensor del senador Iván Cepeda, quien fue considerado como víctima dentro del proceso al igual que el delegado de la Fiscalía para este proceso, Gabriel Jaimes.
Posteriormente, el juez deberá definir si mantiene la medida de la Corte Suprema de Justicia o si, por el contrario, otorga la libertad inmediata a Uribe Vélez.
A principios del mes de agosto se generó polémica en el país por la decisión que adoptó la Sala de Instrucción Penal, argumentando que supuestamente el exsenador Uribe sería el determinador de la presunta manipulación de testigos.
“Indica posibles riesgos de obstrucción de la justicia, respecto al futuro recaudo de pruebas de hechos presuntamente delictivos que involucran tanto al senador Álvaro Uribe, como al representante (Álvaro) Prada”, se señaló en un aparte de la decisión.
