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Esta semana las autoridades confirmaron la captura en la localidad de Suba de Sergeí Vagin, ciudadano ruso señalado de financiar acciones contra la Fuerza Pública en el marco del Paro Nacional de 2019, en conjunto con otras personas que presuntamente integrarían la Primera Línea.
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Los dos ciudadanos rusos, junto a cinco colombianos, fueron presentado ante un juez de garantías después de que se diera a conocer que sería el presunto responsable de mover altas sumas de dinero desde Rusia para destinarlos a promover los desmanes en Bogotá y Medellín.
Noticias RCN había anticipado hace una semana la presencia de ciudadanos rusos en Colombia que estarían lavando dinero y financiando las marchas.
Después de que se revelara el papel de Vagin, que según inteligencia de las autoridades, "ya habría participado en anteriores marchas del 21 de noviembre de 2020 y el 8 de marzo del presente año y tendría posibles vínculos con células del GAO ELN, ya que al parecer en presuntas ocasiones habría tomado contacto con personal que presuntamente controlan el tráfico de material de guerra”, se conoció que otra ciudadana rusa estaría adelantando labores de espionaje.
Las pruebas del espionaje
Este jueves se conoció que la Fiscalía General de la Nación adelantó un allanamiento a la vivienda de la ciudadana rusa ubicada en el norte de la capital. Durante el proceso judicial se encontraron varias pruebas, entre documentos y computadores, que evidencian el actuar de la extranjera en Colombia.
Según lo revelado en exclusiva por Noticias RCN, a la ciudadana rusa le encontraron cuatro computadores y cinco usb en la que se descubrieron varios documentos comprometedores.
En estos equipos encontraron manuales de instrucción de espionaje y reglamentos de protección de información. Según las autoridades, estos documentos son de uso exclusivo de agencias extranjeras.
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Además de esto, se halló una guía sobre almacenaje y seguridad de armas y municiones y capacitaciones de la inteligencia rusa.
Asimismo, las autoridades revelaron que esta extranjera sería la jefe de una red de lavado de activos a través de 18 empresas de tecnología, electrodomésticos y otros sectores, con los que habría ingresado al país 146 millones de dólares desde 2018
