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En 2017, la Sección Tercera del Consejo de Estado le ordenó al Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) aplicar una política de Derechos Humanos a su manual de operaciones. Esta determinación se tomó después de condenar a la Nación por los hechos que rodearon la muerte de un estudiante de la Universidad del Valle en Cali en el marco de una protesta.
En esa oportunidad, el alto tribunal determinó que en el operativo adelantado en septiembre de 2005 por el Esmad se omitieron todos los principios de precaución y proporcionalidad, puesto que ingresaron por la fuerza al campamento que habían instalado los manifestantes dentro del centro educativo.
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En el fallo se reveló que los agentes del Escuadrón dispararon bombas de gas y aturdidoras, obligando a los jóvenes a salir del lugar. En medio del caos, se escuchó el disparo de un “arma convencional” en contra del estudiante Jhonny Silva Arangurén, quien falleció pocas horas más tarde en la Fundación Valle de Lili.
Tras revisar las pruebas documentales y testimoniales se verificó que existió un abuso de la fuerza por parte del Esmad, reseñando que bajo la premisa de evitar el bloqueo de vías dispararon a los manifestantes.
“Las autoridades policivas deben estar preparadas para mantener el orden, pero siempre respetando los derechos a la persona humana, entre ellos el de su dignidad y el espacio de libertad que requiere la protesta misma”, precisa uno de los apartes de la decisión.
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Debido a las fallas que se presentaron en el procedimiento, al injustificado uso de armas y el abuso de fuerza, se le ordenó a la Policía Nacional crear una política de Derechos Humanos para que fuera atendida y puesta en marcha por los agentes del Esmad para que casos como este no se presentaran nuevamente.
Expertos consultados por La FM señalaron que dos años y medio después de la emisión de este fallo, poco o nada se ha hecho para la creación de esta política. Indican que el manual de operaciones del Esmad no se ha modificado desde junio de 2017.
La resolución No. 02903 del 23 de junio de 2017 fijó el “reglamento para el uso de la fuerza y el empleo de armas, municiones, elementos y dispositivos menos letales por la Policía Nacional”. Tras hacer una revisión, uno de los expertos consultados señaló que solamente en el documento de 31 páginas no se hace ningún tipo de mención a la política de Derechos Humanos.
Lo mismo se revela en el documento con resolución 02002 del 29 de junio de 2018 por el “cual se expide el manual para el servicio en manifestaciones y control de disturbios para la Policía Nacional”. En las 12 páginas –indicó- no se pone una restricción clara al abuso de la fuerza ni a la utilización de las armas para “frenar las protestas” y “mantener el orden público”.
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Uno de los voceros de las víctimas del Esmad, quien pidió reservar su nombre, aseguró que lo que en los últimos meses se ha presentado un uso abusivo del Esmad para frenar “cualquier protesta”. Considera que “la orden que se ha dado es acabar con las manifestaciones a como dé lugar, utilizando para esto la fuerza y todas las armas que tengan”.
Esto ha generado incluso que se ataquen a personas ajenas a la marcha o se tomen medidas “totalmente injustificadas” contra aquellos manifestantes. “Son detenidos, golpeados, trasladados en camiones, amenazados. Son muchos los casos registrados en los últimos meses en varias regiones del país, cada vez, pareciera, se registra un mayor exceso de la fuerza”.
El abogado Germán Romero, aseguró que tras el fallo del Consejo de Estado la Policía emitió una escueta respuesta en la que señalaba que siempre han existido cursos para la defensa de los Derechos Humanos, sin embargo, no se presentó una constancia de su cumplimiento o aplicación.
Otros expertos consultados señalaron que es necesario que se fije una política de derechos humanos para evitar que los casos como el de Dilan Cruz, quien murió tras recibir un disparo en la cabeza por parte de un agente del Esmad que intentaba dispersar una marcha el pasado sábado en el centro de Bogotá, no se presentan.
Consideran que este y varios casos se habrían podido evitar si los agentes tuvieran la capacidad de asimilar el daño que generan con su conducta, limitaran el uso de las armas en casos extremos y evitaran ese tipo de actos cuando se presenta una marcha pacífica y sin ningún tipo de alteración.
