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Jorge Molina es un empresario dedicado al sector de la construcción con una empresa quebrada por el supuesto incumplimiento del Fonade para una obra en el Hospital Público de San Andrés. Juan José Laverde, uno dedicado al sector de las pólizas y los seguros para las empresas, pero además vinculado a otras compañías con las que gestionó proyectos estatales. En esos términos ambos construyeron una relación empresarial de años en la que Laverde hizo negocios con Molina para contratarlo en obras de infraestructura.
En diciembre del año pasado en la relación de ambos se cambiaron los roles. Laverde le pidió ayuda a Molina para la consecución de dos garantías bancarias con el fin de que una Unión Temporal pudiera ganar un contrato millonario que licitaba el Ministerio de las TIC. Antes le solicitó la misma intermediación para otros proyectos con EmCali. Y para eso lo llevó por primera vez a una reunión con Emilio Tapia en la oficina 602 de un edificio exclusivo al norte de Bogotá.
Tapia, aún condenado por el carrusel de la contratación pero en libertad condicional, se veía como un hombre ocupado y solicitado por muchas personas. A Molina le extrañó que la primera vez que lo vio, el mal reconocido cordobés usaba mocasines con medias cortas y ropa muy informal en general. Así se lo dijo a las autoridades en un interrogatorio en el que reveló nombres hasta ahora no mencionados en la investigación de Centros Poblados.
Laverde y Molina se sentaron con Tapia porque Molina, el constructor, había tenido relación por algunos negocios en su trayectoria con Enrique López. Este último tenía fama de ayudar a conseguir pólizas y garantías bancarias como soporte para contratos públicos. Y en esa primera reunión en la oficina del sexto piso, le pidieron a Molina contactar a López, el único que continúa hoy prófugo de la justicia y con orden de captura a todas las autoridades del país.
De esta historia da cuenta un chat grupal previo de WhatsApp en donde los socios de Centros Poblados se mostraban preocupados porque las aseguradoras no expedían las pólizas y se acercaba la decisión del Ministerio. “Carta de la aseguradora donde diga que está aprobada y en trámite, ¿alguna noticia?”, dijo Luis Fernando Duque, representante legal de la Unión Temporal. Laverde le respondió “No la quiere hacer la aseguradora”. Y alguien más le contesta “terrible esa noticia a esta hora”.
Por esa presión los socios decidieron acudir a López que vivía en Chapinero y aparentemente tenía relaciones con algunos funcionarios dentro del Banco Itaú.
“Se le consultó a Enrique López si era posible la expedición de esa garantía. Él manifestó a los dos días que sí era posible (…). Juan José le dijo a Manuel de Rave que hiciera el borrador de cómo debía estar constituida dicha garantía. Manuel me envió ese documento borrador, yo se lo envié a López y Enrique López en 30 minutos o una hora me lo envió ya diligenciado por el banco manifestando que ya estaba en el sistema del banco constituido y que ya se podía presentar. Se lo reenvié a Juan José Laverde”, dijo Molina.
Molina le narró fríamente a la Fiscalía que él mismo creía que las garantías enviadas en un chat de WhatsApp y un pdf por su contacto eran notoriamente falsas.
“Una garantía de oferta como cualquier, como cualquier crédito bancario, debe tener un trámite de entrega de documentos, de los implicados en este caso de los integrantes de la Unión Temporal Centros Poblados, tema que no se hizo ni se envió ni siquiera la cédula ni del representante legal siquiera, y por tal hecho se aduce que es un documento que no tiene el trámite respectivo y es falso”, agregó.
Finalmente la Unión Temporal se ganó el contrato en diciembre y seis meses después, el 25 de junio de 2021, la representante jurídica del Banco Itaú, Claudia Cifuentes, le notificó oficialmente al Ministerio que las garantías eran falsas.
Molina le contó a la Fiscalía que inmediatamente después de la revelación del escándalo, Tapia y Laverde lo buscaron y lo citaron dos veces en lujosas viviendas de Tapia para pedirle que de nuevo hiciera el puente con López con el fin de conseguir las mismas garantías, pero verdaderas.
“Me cita Juan José Laverde a una casa de Emilio Tapia en RioNegro, Antioquia, en un condominio llamado el tablazo. Recuerdo muy claro que a pesar de que es un terreno destapado, son viviendas muy lujosas y la de él es la última que llega al recorrido de la vía. “Allí me manifiesta que hable por favor con Enrique López y un señor Ricardo que insistentemente llama al representante de la UT a cobrarle la garantía respectiva. Siempre hablaron de 2.800 millones. Hubo una segunda reunión en el conjunto SantaCruz Pasionista que queda en la parte superior de El Poblado, una casa muy lujosa, muy bonita. Me dicen que si yo podía interceder con Enrique López para que esa garantía se volviera real”.
En esa declaración, Molina asegura que “Ricardo”, de quien no se conoce su apellido, era el vínculo de Enrique López con el banco Itaú. Y agrega que luego de conversar con su contacto López para enviar el mensaje, este le dice que para sentarse a hablar del tema le tienen que pagar primero 50 millones de pesos.
“Pedía cincuenta millones de pesos, más que se le cancelara la garantía que habían solicitado por 2.700 millones de pesos”, puntualizó el interrogado.
Días después de esa reunión, cuando Laverde ya veía que la cárcel era una posibilidad real aparentemente buscó a Molina para pedirle que se incriminara. El constructor fue citado en el Juan Valdéz de el Tesoro en Medellín en donde tuvo una reunión con el abogado Daniel Gonzáles que le habría pedido echarse la culpa de las garantías falsas a cambio de manutención para su familia, un pago y abogados del grupo en el proceso.
La FM llegó hasta el abogado Daniel Gonzáles para preguntarle por esa cita y su relación con Laverde y Emilio Tapia. “Por el momento no me voy a pronunciar sobre el tema”, le dijo a esta emisora.
La otra historia reveladora tiene que ver con garantías falsas para EmCali, otro hecho que ya es de conocimiento público. En ese caso Molina arrojó otro nombre supuestamente vinculado al Banco Itaú. Para esos contratos con empresas bajo la sombra de Emilio Tapia y con el mismo modus operandi, la persona de Enrique López en el Banco Itaú supuestamente vinculada con las garantías fraudulentas es una mujer llamada Yaneth Bautista, sobre la que hasta ahora no se conocen investigaciones.
Con la colaboración de la periodista Maira Arbeláez.
