La FM en Google News
La FM conoció que ya fue instaurada ante los jueces una acción de tutela para pedir la suspensión provisional de los decretos firmados por el Gobierno nacional del presidente Gustavo Petro que definió en 23,78 % el incremento en el salario mínimo para el 2026.
Esta acción judicial fue instaurada por parte del expresidente de la Corte Constitucional Alejandro Linares Cantillo en representación de Alexander Donato Rondón, como pequeño empresario, en contra de la Presidencia de la República, el Ministerio del Trabajo y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
En este recurso se alega una supuesta vulneración del derecho fundamental al debido proceso y al mandato de concertación tripartita entre el Gobierno, las organizaciones de empleadores, y los sindicatos.
Según el demandante la aplicación a partir del 1° de enero de 2026 de los Decretos 1469 y 1470 de 2025 produce “un perjuicio inmediato e irremediable por su inminencia, gravedad y urgencia y, por lo tanto, esta acción de tutela es el único mecanismo que tiene la virtud de preservar de manera inmediata la integridad del derecho fundamental al debido proceso, mientras el Consejo de Estado decide sobre la suspensión provisional del acto”.
De acuerdo con la tutela se plantea que el incremento en promedio del 23,7% del salario mínimo mensual y el auxilio de transporte, fue decretado sin evaluar adecuadamente su impacto negativo en las MIPYMES –incluidas microempresas, pequeños negocios o incluso comerciantes personas naturales– y en los trabajadores informales en Colombia y por ello, requiere de la intervención inmediata de un juez de la República.
“El aumento significativo del salario mínimo tiene un alto impacto sobre las MIPYMES, y especialmente sobre pequeños negocios, quienes no podrán sostener sus actuales estructuras de costos sin eliminar empleos o reducir jornadas, enfrentando el cierre definitivo o la quiebra como consecuencia de las barreras creadas por el mismo Gobierno nacional”, señala la tutela.
También se argumentan que de los estudios del Banco de la República, se deriva que algunas MIPYMES, al no poder absorber los mayores costos operacionales, sencillamente, quebrarán, generando regresión en el bienestar económico y social del país.
Para el demandante esto es especialmente grave, si se tiene en cuenta que las MIPYMES componen el 99,7% del tejido empresarial nacional.
En algunos casos, los mayores costos para las compañías serán trasladados a los consumidores, sin que esta sea una solución para MIPYMES y pequeños empresarios, como es el caso de Alexander Donato Rondón, que operan con márgenes de ganancia muy reducidos y en mercados altamente competidos.
En la tutela se plantea que este incremento agrava la situación de los trabajadores informales, en tanto que enfrentarán mayor dificultad para acceder a un trabajo formal, pero a la vez deben asumir los mayores costos en bienes y servicios generados por la inflación derivada del aumento del salario mínimo.
