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En la tarde del pasado domingo el empresario cordobés Emilio Tapia Aldana ingresó a la clínica Misericordia de Barranquilla por una crisis de hipertensión. Pocas horas después, a la habitación en la que se encontraba, llegaron varios agentes del CTI de la Fiscalía General para comunicarle la existencia de una orden de captura en su contra.
El contratista –conocido por ser una de las cabezas más visibles del escándalo del ‘carrusel de la contratación’ de Bogotá’- se encuentra hospitalizado y es necesario un concepto médico para verificar si puede o no presentarse a la audiencia de legalización de captura por su presunta participación en las irregularidades que rodearon la celebración de un billonario contrato entre el Ministerio de las TIC y la Unión Temporal Centros Poblados.
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Tapia Aldana se encuentra bajo una estricta vigilancia de los agentes del CTI de la Fiscalía General. El empresario –como tal- ya tiene la condición de capturado, situación que representa una carrera contra el tiempo puesto que debe ser presentado ante un juez de control de garantías antes de 72 horas para que se legalice todo el procedimiento.
De no hacerse, Tapia quedaría automáticamente en libertad. El empresario, según la investigación, habría participado mediante la empresa ICM Ingenieros en la polémica licitación por el billonario contrato que buscaba llevar Internet a las escuelas ubicadas en las regiones más recónditas del país.
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Teniendo en cuenta sus antecedentes, Tapia habría creado una estrategia para que personas de su confianza lo representaran en el proceso licitatorio.
Este lunes también fueron capturadas Luis Fernando Duque, presentante legal de la Unión Temporal Centros Poblados y Juan José Laverde, directivo de Rave Agencia de Seguros.
