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Deicy Jiménez está dispuesta a seguir colaborando con la Corte Suprema de Justicia, ampliar su declaración y entregar un dispositivo electrónico bajo condiciones controladas para corroborar lo que ha dicho en medio del caso de los presuntos contratos a cambio de favores sexuales durante el gobierno de Gustavo Petro.
Así lo aseguró su abogado, Felipe Caballero, al salir de la audiencia ante la Sala de Instrucción, donde también cuestionó las denuncias anunciadas contra su representada y advirtió sobre lo que considera una estrategia de presión para afectar su testimonio.
La disposición de Jiménez a comparecer nuevamente se conoce en medio de una controversia que ya llegó a la Fiscalía General de la Nación, con denuncias relacionadas tanto con los documentos que habría presentado la testigo para trabajar en el Congreso como con presuntas actuaciones de funcionarios del Departamento Administrativo de la Presidencia, el DAPRE.
La testigo está dispuesta a ampliar su declaración
Caballero aseguró que Jiménez está preparada para volver a comparecer ante la Corte Suprema, responder nuevos interrogantes y entregar un dispositivo electrónico de manera controlada, con el propósito de corroborar sus afirmaciones.
El abogado explicó que la diligencia podría tener una ampliación y señaló que su representada está dispuesta a continuar colaborando con la justicia. También anticipó que podrían producirse nuevas citaciones para que declaren otras personas que ya han sido mencionadas durante el proceso.
La entrega del dispositivo, según lo explicado por la defensa, se haría bajo condiciones controladas. El propósito anunciado es aportar elementos que permitan verificar lo que Jiménez ha manifestado ante las autoridades.
Abogado de Deicy Jiménez denuncia presiones
Al referirse a las actuaciones legales anunciadas contra su representada, Caballero sostuvo que estas harían parte de una estrategia que, según su interpretación, tendría tres componentes: calificar el caso como un montaje, ejercer presión a través de la familia de la testigo y presentar denuncias en su contra.
El abogado también señaló al periodista Daniel Coronell por publicar, según afirmó, datos personales y la ubicación de familiares de Jiménez en el municipio de Sevilla.
Además, mencionó a Juan Guillermo Cuartas Herrera, a quien acusó de hacer presencia física en las instalaciones o en la vivienda donde reside la familia de su representada.
Caballero sostuvo que estas actuaciones podrían buscar intimidar a Jiménez para que deje de declarar. Se trata de señalamientos formulados por el defensor, cuya veracidad no queda establecida por el solo hecho de haber sido expuestos públicamente.
La denuncia por los documentos de su contrato
La controversia se intensificó después de que Alejandro Carranza, abogado de Gustavo Petro y María José Pizarro, anunciara una denuncia penal contra Jiménez por presuntas falsedades en documentos que habría entregado cuando solicitó trabajo en el Congreso.
Carranza aseguró que, a partir de una investigación que venía adelantando y de publicaciones de HispanTV, encontró elementos que, a su juicio, ameritan que la Fiscalía examine posibles irregularidades en las constancias presentadas por la testigo y en la información de su hoja de vida.
Caballero cuestionó el momento en que se anunció esa denuncia. Según explicó, el abogado lo hizo durante la diligencia, después de que ya se habían formulado preguntas sobre esos documentos.
Para el defensor, Jiménez debió ser advertida previamente, pues considera que tenía derecho a guardar silencio frente a los asuntos relacionados con la denuncia.
También denuncian al director del DAPRE
Carranza anunció una segunda denuncia penal, esta vez contra el director del Departamento Administrativo de la Presidencia.
Según el abogado, la denuncia se basa en información recibida de fuentes humanas y en elementos digitales que afirmó haber corroborado. Sostuvo que, presuntamente, el funcionario estaría citando a trabajadoras del DAPRE en compañía de dos hombres que no se identificarían.
Carranza aseguró que a las funcionarias les quitarían sus teléfonos celulares y les harían preguntas sobre sus preferencias políticas y sobre si participaron en actividades de campaña de Iván Cepeda.
También afirmó que supuestamente les advertirían que conocen información sobre su ubicación y sus familias, y que podrían abrirles procesos.
Estas acusaciones fueron expuestas por Carranza al anunciar la denuncia y deberán ser verificadas por las autoridades. No constituyen, por sí mismas, una comprobación de que las conductas hayan ocurrido.
Las investigaciones deberán establecer qué ocurrió
Al salir de la audiencia, Carranza manifestó que tanto él como sus representados estaban tranquilos con el desarrollo de la diligencia. Sin embargo, aclaró que no podía revelar detalles de las preguntas y respuestas, debido a la reserva que, según explicó, les pidió mantener el magistrado.
De esta manera, el caso suma nuevos frentes judiciales: por un lado, la disposición de Deicy Jiménez a ampliar su declaración y entregar un dispositivo electrónico para respaldar sus afirmaciones; por otro, las denuncias relacionadas con sus documentos y las presuntas presiones a funcionarias del DAPRE.
La Fiscalía deberá examinar las denuncias presentadas y establecer si existen elementos para avanzar en las investigaciones, mientras la Corte Suprema podrá determinar si requiere una nueva comparecencia de Jiménez y de otras personas mencionadas durante el proceso.
