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La Fiscalía General de la Nación ocupó bienes con fines de extinción de dominio por más de 6.000 millones de pesos, pertenecientes a una red criminalque habría intentado ocultar los dineros que durante cuatro años obtuvieron mediante engaños de por lo menos 50 pensionados de California (Estados Unidos).
Las pruebas recolectadas por la dirección especializada de investigaciones financieras de la Fiscalía, evidenciaron que Alexander Franco Gutiérrez y Eduardo Cartagena Sugrim, contactaron telefónicamente a adultos mayores estadounidenses y les hicieron creer que eran ganadores del millonario acumulado de una lotería.
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Según la Fiscalía, los dos señalados timadores de nacionalidades colombiana y canadiense, convencieron a las víctimas de girar anticipadamente los valores que corresponderían al pago de impuestos o seguros, con la idea de que días después les llegaría el premio a sus domicilios.
Los investigadores establecieron que los pensionados hicieron transacciones a diferentes cuentas bancarias en Canadá, Reino Unido y otros países, y nunca recibieron lo que les prometieron.
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Las autoridades capturaron a los dos señalados estafadores a finales de 2018 en Medellín (Antioquia), en atención a una solicitud de extradición hecha por la Corte para el Distrito Este de California que los requiere por conspiración para cometer fraude postal y fraude electrónico y concierto para lavar dinero.
Los millonarios bienes
La Fiscalía de Colombia y el Servicio de Rentas Internas de Estados Unidos (IRS), identificaron seis inmuebles que habrían sido adquiridos con parte de los 1.4 millones de dólares que Alexander Franco Gutiérrez y Eduardo Cartagena Sugrim, recibieron de los adultos mayores estafados.
La Fiscalía impuso medidas cautelares embargo y toma de posesión sobre los bienes avaluados en 5 mil millones de pesos en operativos que se adelantaron en Medellín y Copacabana (Antioquia), y en el corregimiento de Capurganá, en Acandí (Chocó).
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Entre los inmuebles afectados en Antioquia, se destacan un lujoso apartamento – oficina con piscina privada, dos parqueaderos y depósito, ubicado en el sector de El Poblado en Medellín, cuyo valor superaría los 2.500 millones de pesos y una casa quinta con su respectivo lote en la vereda Peñolsito, en Copacabana.
Todas estas propiedades embargadas quedarán a disposición de la Sociedad de Activos Especiales (SAE).
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