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Tensión en el país tras un nuevo pronunciamiento del ELN. En esta oportunidad con un anuncio que ha sido rechazado de manera contundente por el Gobierno Nacional.
En un comunicado, publicado por medio de un video compartido en redes sociales, ese grupo armado ilegal aseguró haber emitido lo que denomina un “fallo” contra dos miembros de la Policía Nacional y dos funcionarios del CTI de la Fiscalía, quienes permanecen secuestrados desde el pasado 8 de mayo del 2025, cuando fueron retenidos en el municipio de Fortul, Arauca.
Según el documento, leído en la pieza audiovisual, el ELN afirma haber decidido no imponer la pena capital a dos de los retenidos, pero sí condenarlos a lo que llaman “prisión revolucionaria”, con penas de hasta 60 y 55 meses.
En el mismo pronunciamiento, el grupo justifica estas decisiones señalando supuestos delitos como espionaje y acciones contra su organización, además de mencionar la posibilidad de un canje humanitario de prisioneros.
Un anuncio que de inmediato generó rechazo desde el Gobierno
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, fue enfático en señalar que este grupo no tiene ninguna legitimidad para emitir decisiones judiciales.
“El ELN no es autoridad. No representa justicia. Es un cartel del narcotráfico”, aseguró el funcionario.
El jefe de la cartera de Defensa calificó el comunicado como un acto cobarde y reiteró que el secuestro es un delito grave que atenta contra los derechos humanos y contra la seguridad del país.
Además, envió un mensaje directo a las familias de los cuatro secuestrados, asegurando que no están solas y que el Estado colombiano mantiene todos los esfuerzos para lograr su liberación.
Unirse para pedir liberación inmediata de las víctimas
El ministro también hizo un llamado a distintos sectores de la sociedad: organizaciones defensoras de derechos humanos, la Iglesia Católica y la comunidad internacional, para que se sumen a la exigencia de liberación inmediata de las víctimas.
Y es que este caso vuelve a poner sobre la mesa la gravedad del secuestro en Colombia. En ese sentido el Gobierno recordó que este delito puede ser castigado con penas de hasta 40 años de prisión y reiteró que no hay justificación alguna para retener a personas bajo ningún argumento.
Asimismo, se insistió en que el ELN continúa siendo una amenaza para el país, no solo por el secuestro, sino también por delitos como homicidios, reclutamiento forzado, terrorismo, narcotráfico y extorsión.
La importancia de la colaboración ciudadana
En medio de este panorama, el ministerio de Defensa reiteró la importancia de la colaboración ciudadana. Por eso, recordó la línea gratuita nacional 107, habilitada las 24 horas, donde cualquier persona puede denunciar de manera confidencial información que permita ubicar a los secuestrados o prevenir acciones criminales.
El caso sigue generando rechazo y preocupación… mientras crece la presión nacional e internacional para que estas cuatro personas recuperen su libertad.
Un episodio que refleja, una vez más, la complejidad del conflicto y la urgencia de proteger la vida y los derechos fundamentales.
El secuestro de estos cuatro funcionarios ha generado una fuerte condena
Hay que recordar que este caso ocurrió durante el año 2025 en el departamento de Arauca, donde fueron secuestrados los cuatro funcionarios que hoy siguen en poder del ELN.
Los primeros en ser retenidos fueron los investigadores del CTI, Jesús Antonio Pacheco Oviedo y Rodrigo Antonio López Estrada, el 8 de mayo en el municipio de Fortul, mientras adelantaban labores de seguridad y protección. A estos dos uniformados fue a quienes se les realizó el denominado "juicio revolucionario".
Posteriormente, el 20 de julio, fueron interceptados los policías de la Dijín, el subintendente Frankie Esley Hoyos Murcia y el patrullero Yordin Fabián Pérez Mendoza, en la vía entre Tame y Arauca, cuando se movilizaban en un vehículo oficial.
El secuestro de estos cuatro funcionarios ha generado una fuerte condena, especialmente tras la reciente decisión del grupo armado de someterlos a lo que denomina un “juicio revolucionario”.
Un hecho que ha sido ampliamente rechazado por el Gobierno y distintos sectores, al considerar que se trata de una violación grave a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario.
