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El presidente de la República Iván Duque envió un mensaje de solidaridad en medio de la conmemoración de los dos años del crimen de la menor Yuliana Samboní, en hechos que se registraron en la capital de la República.
Duque afirmó que se deben imponer las mayores penas posibles en contra de violadores y asesinos de menores de edad. Además señaló que la prioridad del Gobierno nacional es activar los mecanismos de protección para la infancia.
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“Hoy quiero rendir un sentido homenaje a Yuliana Samboní y a todos nuestros niños víctimas de la violencia. La prioridad de este Gobierno es la protección y el bienestar de todos. Debemos tener las mayores penas posibles para violadores y asesinos de menores de edad”, dice un trino.
Además escribió en su cuenta de Twitter: “debemos actuar para proteger a nuestros niños. Con @ICBFColombia abriremos canales y acompañamiento a menores que denuncien, y activaremos registro de ofensores sexuales como mecanismo de prevención, avalado por Corte Constitucional, para evitar reincidencias”.
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¿En qué van los procesos judiciales por la muerte de Yuliana Samboní?
Este martes se cumplen dos años de la muerte de Yuliana Sambonín, un caso que estremeció al país por la forma en que Rafael Uribe Noguera la asesinó.
El domingo 4 de diciembre de 2016, Uribe Noguera secuestró a la niña, en el barrio Bosque Calderón (Bogotá), y la llevó a su apartamento, donde lavioló y la mató.
En marzo de 2017 lo condenaron a 51 años y 10 meses de prisión por los delitos de feminicidio agravado en concurso heterogéneo con secuestro simple agravado y acceso carnal violento. Sin embargo, la Fiscalía apeló esa decisión para pedir un aumento en la sentencia.
Finalmente, el 2 de noviembre de 2017, el Tribunal Superior de Bogotá aumentó la pena a 58 años de cárcel. Además, le ordenaron pagar 1.658 salarios mínimos legales mensuales. Posteriormente, lo trasladaron a la cárcel La Tramacua, de Valledupar (Cesar).
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Francisco y Catalina Uribe Noguera, hermanos del violador y asesino, también enfrentan un proceso por este caso.
Primero, el 29 de diciembre de 2016, la Fiscalía les imputó el delito de favorecimiento, y en marzo de 2017 les añadió otro: destrucción, supresión u ocultamiento de elemento material probatorio.
Según el CTI, Francisco y Catalina Uribe Noguera accedieron, al parecer, a los teléfonos de su hermano para “borrar datos y entorpecer la acción de las autoridades judiciales”, según informó el ente acusador en su momento.
