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Uniforme de la Contraloría General de la República revela que en el Consejo Superior de la Judicatura se presentaron irregularidades como el doble pago de cesantías y otras prestaciones laborales.
Estas inconsistencias superan los $1.000 millones de pesos. Según el organismo de control, "tras una auditoría realizada se evidenció que el Consejo Superior de la Judicatura viene girando sumas globales a los fondos de cesantías, sin que la entidad tenga la certeza de los montos individuales que le correspondían a los beneficiarios del auxilio respectivo, lo que generó riesgo de pagos en exceso a cargo del erario".
Solo para el periodo 2012-2015 se establecieron posibles dobles pagos por $1.046 millones por este concepto. Similares deficiencias se detectaron en el recobro de incapacidades por parte de la entidad, donde si bien se evidencia gestión de cobro en algunas Direcciones Seccionales, en otras tales como Quindío se encuentran saldos hasta de $431 millones sin respuesta positiva por parte de las EPS.
"Como resultado de las debilidades detectadas en la gestión de liquidación y pago de procesos tales como cesantías, novedades y recobro de incapacidades, el Contralor General de la República ordenó la realización de una Auditoría de Cumplimiento a los procesos de administración de personal a cargo del Consejo Superior de la Judicatura, la cual se adelantará a lo largo del segundo semestre del año en curso", se indicó en el reporte.
Otras inconsistencias
Otra de las situaciones que afectan la gestión de la Rama, se detectó en el reporte de novedades de nómina, donde debido a la alta movilidad de la planta de personal y la existencia de 5.900 nominadores, "generan un volumen de trabajo excesivo para el soporte humano y tecnológico actualmente existente, que impide efectuar un adecuado control a los pagos que se generan por este tipo de movimientos, ocasionando pagos en exceso y acciones de recobro que incrementan la carga de trabajo a las áreas involucradas".
En la auditoría culminada en el mes de junio también abordó la gestión jurídica de la entidad, evidenciando los mínimos avances en la implementación y puesta en marcha de la función de cobro coactivo, donde para 2854 procesos se contaba con 4 profesionales para su atención.
También se descubrió que el Consejo Superior de la Judicatura no ha implementado acciones de mejora efectivas que le permitan incrementar sus índices de ejecución de recursos de inversión, situación que impidió el fenecimiento de su cuenta fiscal para el año 2015.
Sobre el particular, la Contraloría encontró que "a pesar de la reducción del presupuesto de inversión 2016 de la Rama en un 29%, al pasar de una apropiación inicial de $231.762 millones a una final de $165.547 millones, la entidad comprometió el 95% de esta suma, de lo cual solo logró ejecutar efectivamente el 37%, constituyendo como reservas de apropiación y cuentas por pagar $98.834 millones, es decir el 63% restante de los recursos".
Cabe señalar que a 31 de diciembre de 2016, las pretensiones de procesos instaurados en contra de la Rama Judicial sumaban $17 billones y los fallos ejecutoriados pendientes de pago ascendieron a $162.103 millones.
No obstante lo anterior, para 2017 solo se apropió el 24% para el pago de estas obligaciones, lo que implica que el saldo restante continuará causando intereses moratorios, en perjuicio del erario.
