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Los senadores Armando Benedetti y Claudia López, señalaron que el plazo para la entrega de armas está a punto de cumplirse y el Gobierno no está ocupando las zonas dejadas por la guerrilla.
Benedetti alertó sobre ofrecimientos de grupos paramilitares a los integrantes de las Farc.
“Siempre he dicho que un problema lleva a otro problema y todo lo que está mal es susceptible de empeorar y está empeorando porque los paras están reclutando guerrilleros a 1.800.000 pesos mensuales y a 10 millones a jefes de importantes bloques de las Farc”, indicó.
De igual forma, denunció que el cronograma que se fijó para la entrada en operación de las zonas veredales, no se ha cumplido.
“Había prometido la entrega de cuatro campamentos entre el 27 y el 31 de marzo, la entrega de seis campamentos entre el 1 y el 8 de abril, la entrega de siete campamentos entre el 9 y el 15 de abril, la entrega de seis campamentos entre el 16 y el 26 de abril y la entrega de cinco campamentos entre el 23 y el 30 de abril. Nada de eso se ha cumplido”, manifestó.
La senadora Claudia López, afirmó que lo más preocupante es que el Estado tampoco tiene presencia institucional en las zonas de conflicto para garantizar la seguridad ciudadana.
“Si un actor armado ilegal desocupa un territorio, lo que se genera inmediatamente es una disputa por el control armado de ese territorio, había que estar en esos territorios antes de que se desmovilizaran las Farc, antes de que llegaran a las zonas de concentración debíamos tener una fuerza de tarea conjunta”, sostuvo.
“En 240 municipios que dejaron las Farc, en por lo menos 86 hay presencia certificada del Gobierno colombiano o de otro grupo armado ilegal. En 67 municipios hay operación del ELN comprobada, en 35 hay Bacrim y en 16 hay ELN y Bacrim conjunto y en todos ellos sin excepción había economías ilícitas”, indicó.
Los congresistas llamaron la atención del Gobierno Nacional por el asesinato de los defensores de derechos humanos, a lo que el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, respondió que se está trabajando de forma coordinada con todas las entidades para evitar estos episodios.
“Conocemos el problema, lo tenemos diagnosticado, somos conscientes de la gravedad de esta problemática en el país y lo que significa como amenaza a la estabilidad y la permanencia de una paz duradera en los territorios en Colombia, pero este fenómeno no se puede comparar con el exterminio de la Unión Patriótica”, indicó.
El ministro del Interior, señaló que se han destinado más de 400 mil millones de pesos para garantizar la seguridad de los líderes y defensores de derechos humanos en todo el país.
