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La defensora del pueblo Iris Marín explicó en entrevista con La FM las condiciones bajo las cuales pueden adelantarse bombardeos según el derecho internacional humanitario, y detalló las solicitudes que ha dirigido al Gobierno frente a operaciones en las que podrían encontrarse menores de edad. Durante la conversación, la funcionaria describió los principios que deben aplicarse en estos escenarios y expuso los elementos que sustentan su petición de suspender bombardeos cuando exista alta probabilidad de presencia de niños, niñas y adolescentes previamente reclutados.
¿Qué establece el derecho internacional humanitario sobre los bombardeos?
Marín señaló que los bombardeos pueden realizarse únicamente contra objetivos militares, considerados “objetivos legítimos” bajo el DIH. Indicó que la principal restricción consiste en no atacar objetivos civiles, tanto personas como bienes. Aclaró que, incluso cuando un objetivo es militar, deben aplicarse principios como proporcionalidad, necesidad militar y precaución, lo que implica valorar la preservación de la dignidad humana y la protección de la vida.
La defensora afirmó que “los bombardeos no están prohibidos per se”, pero requieren condiciones específicas y la evaluación de la ventaja militar que se busca obtener. Añadió que, en contextos donde hay menores de edad dentro de los campamentos, se deben considerar elementos adicionales relacionados con la prevalencia de los derechos de niños, niñas y adolescentes.
¿Qué solicitud hizo la Defensoría al presidente Petro sobre los bombardeos?
Marín indicó que ha solicitado al presidente y a la Fuerza Pública suspender bombardeos cuando exista alta probabilidad de presencia de menores reclutados. Explicó que esta solicitud se fundamenta en la evidencia de cuatro bombardeos en los que han muerto al menos 15 menores de edad, y afirmó que “esto ha pasado de ser una hipótesis a ser una realidad”.
Señaló que esta petición no implica que la Fuerza Pública deje de actuar contra los grupos armados ilegales, sino que agote otros mecanismos de conducción de hostilidades, incluida la inteligencia, antes de recurrir al bombardeo. Explicó que insistirá en esta postura aun cuando el presidente haya declarado que mantendrá estas operaciones.
La defensora también respondió a debates planteados durante la entrevista sobre la presencia constante de menores en los campamentos. Rechazó que se trate de una condición permanente y sostuvo que el reclutamiento forzado ha aumentado en los últimos dos años, lo que evidencia fallas en las políticas de prevención. Relató casos recientes en Guaviare donde menores murieron en combates entre disidencias o fueron retenidos por los grupos armados.
Marín afirmó que no se debe normalizar la idea de que siempre habrá menores en estas estructuras y destacó que entre las víctimas hay adolescentes y también niños de hasta 13 años. Añadió que estos elementos no pueden pasarse por alto al planear operaciones militares.
Frente a cuestionamientos sobre la divulgación tardía de información por parte del Gobierno, señaló que algunos resultados de necropsias de bombardeos anteriores ya se conocían y no fueron difundidos. En cuanto a dilemas operacionales de los comandantes, reiteró que deben aplicarse los principios de precaución y necesidad militar imperiosa.
La defensora concluyó que deben buscarse otros mecanismos para enfrentar a los grupos armados y proteger simultáneamente a la población civil y a los menores reclutados. Añadió que existe una alta probabilidad de presencia de niños, niñas y adolescentes dentro de los objetivos y que este factor debe incorporarse plenamente en la toma de decisiones operacionales.
