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Gustavo Gallardo, abogado de Jesús Santrich, señaló que impugnará ante la Corte Suprema de Justicia el recurso de Habeas Corpus que negó el Tribunal Superior de Bogotá, con el cual reclama que se le otorgue la libertad inmediata al exlíder de las Farc, al considerar que la justicia colombiana no le ha garantizado el debido proceso.
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El jurista indicó que en este caso se violó de manera abierta lo contemplado en la Constitución Política a partir de haber acogido el Acto Legislativo 01 de 2017, porque la justicia competente en este caso es la JEP y no la jurisdicción ordinaria.
"La autoridad competente desde un comienzo para este caso debió ser la Justicia Especial para la Paz, la cual tuvo que haber sido informada de inmediato sobre la solicitud de extradición y la respectiva orden de captura internacional emitida por la Interpol en contra de Santrich, y no la Fiscalía General de la Nación", aseguró.
Según el abogado Gallardo, en este caso la justicia especial tiene que ejercer también la garantía y el respeto por los derechos fundamentales de Santrich y revisar en extenso la legalidad de las pruebas y que efectivamente existan indicios y señales de responsabilidad del exlíder de las Farc.
Asimismo, insistió que Santrich -quien se encuentra detenido en las celdas del búnker de la Fiscalía- le manifestó que se mantendrá en huelga de hambre y que está dispuesto a llegar hasta las últimas consecuencias.
El fiscal general, Néstor Humberto Martínez, expidió la resolución con la cual decretó la legalidad de la captura con fines de extradición del exjefe de las antiguas Farc Seuxis Hernández, alias Jesús Santrich, con un acuerdo para exportar 10 toneladas de cocaína al cartel del Sinaloa.
La legalización se produjo tras recibir la documentación relacionada para este fin por parte del Gran Jurado de la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York, que da cuenta de que los hechos habrían ocurrido a partir del mes de junio de 2017 y hasta abril de 2018, relacionados con un pacto para exportar droga hacia Estados Unidos.
Según las investigaciones, el precio de este cargamento habría sido acordado en la suma de 15 millones de dólares y en el mercado negro por un valor de US$320 millones.
Martínez Neira explicó que los hechos investigados constituyen, entre otros cargos, el delito de conspiración para exportar cocaína a Estados Unidos.
