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César Huertas, presidente del Colegio Nacional de Defensores Públicos, señaló en diálogo con LA F.m. que más de cuatro mil funcionarios entrarían en un cese de actividades.
Dicho panorama se registraría si no se llega a una solución sobre el pago de honorarios de septiembre a diciembre de este año, pues al parecer esos recursos están enredados.
"Eso genera una mensualidad aproximada de 16.300 millones de pesos, a terminar el año serían de más de 80 mil millones de pesos, es a nivel nacional porque la generación del contrato de prestación de servicios se hace en a nivel Bogotá a través de la dirección de Defensoría Pública", aseguró el dirigente gremial.
De registrarse una parálisis en el servicio se afectarían más de 10 mil audiencias diarias en todo el país.
"Sí generaría mucho inconveniente frente a la justicia porque nosotros, como defensores públicos, manejamos el 80 % de los procesos penales, generaría la parálisis de la justicia y diariamente se suspenderían en el país por lo menos 10 mil audiencias", advirtió.
En los Juzgados de Paloquemao se registrará un plantón de funcionarios de la Defensoría para solicitar una reunión con el Ministerio de Hacienda y exponer esa preocupación.
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