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La crisis carcelaria en Colombia llegó nuevamente al centro del debate de la Corte Constitucional. Durante una audiencia pública, los magistrados exigieron explicaciones a las autoridades por el hacinamiento, las condiciones de reclusión y los retrasos en la construcción de nuevos establecimientos penitenciarios.
Una de las principales advertencias la hizo el magistrado Jorge Enrique Ibáñez, presidente de la Sala Especial de Seguimiento al estado de cosas inconstitucional en las cárceles, quien calificó la situación del sistema penitenciario como cercana a una “tragedia humanitaria”.
De acuerdo con lo dicho, uno de los cuestionamientos más fuertes tiene que ver con la infraestructura.
Así mismo, la Corte advirtió que dos cárceles del país llevan diez años en construcción y todavía no han sido entregadas. Se trata de los establecimientos penitenciarios de Riohacha, en La Guajira, y Sabanas de San Ángel, en el Magdalena.
El magistrado Ibáñez cuestionó que, después de una década, estas obras sigan sin estar al servicio de la población privada de la libertad, en medio de una crisis que exige respuestas urgentes.
Las condiciones dentro de las cárceles
Pero la preocupación de la Corte no se limita a la falta de cupos o a las obras inconclusas. Durante la audiencia también se conocieron testimonios sobre las condiciones que enfrentan las personas privadas de la libertad.
Una de las intervenciones más delicadas fue la de una mujer recluida en la cárcel El Buen Pastor, en Bogotá, quien denunció problemas de hacinamiento, infraestructura e higiene. Incluso aseguró que en los alimentos que reciben han encontrado gusanos.
Su relato ante los magistrados fue contundente: “Estos llegan negros, por lo general”. Una denuncia que pone sobre la mesa las condiciones básicas de alimentación y salubridad que deben garantizarse dentro de los establecimientos penitenciarios.
La respuesta del Gobierno ante la Corte
En medio de los cuestionamientos, Andrés Barreto, secretario jurídico de la Presidencia, se refirió a la necesidad de revisar las medidas para enfrentar el hacinamiento y las consecuencias del llamado populismo punitivo.
Su respuesta fue directa, “Nada hacemos con ese populismo punitivo”. Una frase que se produjo ante los interrogantes de la Corte sobre las soluciones que plantea el Gobierno para superar la crisis penitenciaria.
El ministro promete entregar las cárceles
Por su parte, el ministro de Justicia y encargado del Interior, Iván Cancino, defendió las acciones del Gobierno y aseguró que las dos cárceles que llevan una década en construcción serán terminadas y entregadas durante la administración de Abelardo de La Espriella.
Según anunció, la cárcel de Riohacha será entregada antes de finalizar noviembre, mientras que la de Sabanas de San Ángel estaría lista incluso antes de la fecha prevista.
Cancino sostuvo que el Gobierno recibió obras sin terminar y que su compromiso es concluirlas. También anticipó que próximamente se harán anuncios sobre la estructuración y futura construcción de las megacárceles contempladas en el plan de gobierno.
Responsabilidades territoriales y lucha contra la corrupción
En ese mismo sentido, el ministro también planteó que para enfrentar la crisis se necesitan ajustes normativos, administrativos y de gestión, además de una mayor articulación entre las autoridades nacionales y territoriales.
Su propuesta es que a los territorios que incumplan sus obligaciones se les exijan correctivos, mientras que aquellos que demuestren que no tienen capacidad material para responder reciban apoyo y concurrencia de la Nación.
Cancino advirtió que el problema no está solamente en el reparto de competencias, sino también en la falta de financiación y en el incumplimiento de responsabilidades.
Y frente a las denuncias sobre posibles beneficios irregulares para algunos reclusos, como el ingreso de cirujanos esteticistas para atender a alias Pichi, y los cuestionamientos a funcionarios penitenciarios por presuntas irregularidades, aseguró que ya se adoptaron medidas disciplinarias.
Sumado a eso, el ministro afirmó que el INPEC ha coordinado nuevos megaoperativos en las cárceles y que cada hecho irregular conocido debe dar lugar a investigaciones administrativas y al traslado de información a las autoridades competentes, respetando el debido proceso y la presunción de inocencia.
Así, la audiencia dejó sobre la mesa una realidad que sigue sin resolverse: mientras la Corte exige resultados frente al hacinamiento y las condiciones indignas de reclusión, el Gobierno promete terminar las cárceles pendientes y tomar medidas contra la corrupción. El reto ahora es que esos anuncios se traduzcan en soluciones concretas.
Cuatro preguntas con las claves de la noticia
¿Qué cárceles llevan diez años en construcción?
Las de Riohacha, en La Guajira, y Sabanas de San Ángel, en Magdalena.
¿Qué denunció una interna de El Buen Pastor?
Hacinamiento, problemas de infraestructura e higiene y gusanos en los alimentos.
¿Cuándo promete el Gobierno entregar las cárceles?
Antes de terminar noviembre y Sabanas de San Ángel ntes de la fecha prevista, según el ministro.
¿Qué propone el ministro para enfrentar la crisis?
Ajustes normativos, administrativos y de gestión, financiación y mayor coordinación entre la Nación y los territorios.
