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La crisis penitenciaria y carcelaria en Colombia vuelve al centro de la discusión de la Corte Constitucional. El alto tribunal convocó una audiencia pública para el próximo 4 de noviembre, con el propósito de identificar qué está impidiendo superar el hacinamiento y las graves condiciones que enfrentan miles de personas privadas de la libertad en las cárceles, estaciones de Policía y unidades de reacción inmediata del país.
De acuerdo con la información entregada por el alto tribunal, la diligencia se realizará entre las ocho de la mañana y las cinco de la tarde, en la Sala de Audiencias de la Corte Suprema de Justicia, en el Palacio de Justicia de Bogotá. Allí se reunirán representantes del Gobierno nacional, autoridades territoriales y judiciales, organismos de control, organizaciones sociales, universidades, expertos y representantes de la población privada de la libertad.
La intención de la Sala Especial de Seguimiento al Estado de Cosas Inconstitucional es poner sobre la mesa los principales obstáculos, contrastar las propuestas que existen y establecer responsabilidades institucionales. También se busca que de esta audiencia salgan medidas y compromisos concretos para garantizar los derechos de quienes permanecen detenidos.
El hacinamiento en centros transitorios, una de las mayores preocupaciones
Uno de los datos más preocupantes está en las estaciones de Policía y las URI. Según la información de la Policía Nacional, analizada por la Corte con corte a agosto de 2026, en Colombia existen 1.144 centros de detención transitoria: 1.065 salas en estaciones y subestaciones de Policía y otras 79 en unidades de reacción inmediata.
En conjunto, estos espacios tienen capacidad para albergar a 9.686 personas. Sin embargo, actualmente permanecen allí 18.824 detenidos: 17.897 en estaciones de Policía y 927 en URI.
Esto significa que hay 9.138 personas por encima de la capacidad instalada y que el hacinamiento llega al 94,34 por ciento.
Sumado a eso, hay otro dato que llama la atención y es que de esas 18.824 personas, 17.292 llevan más de 36 horas privadas de la libertad en lugares que fueron diseñados para estancias cortas, no para mantener detenidos durante periodos prolongados.
En ese sentido, la misma Corte advierte que esta situación no puede entenderse únicamente como un problema de falta de espacio. Hay una serie de dificultades que se conectan entre sí y que terminan agravando la crisis.
Tres ejes para buscar soluciones
Ante las ya mencionadas dificultades, la audiencia pública estará concentrada en tres grandes temas, empezando con la financiación, la sostenibilidad fiscal y la distribución de competencias. La Corte busca examinar quién debe asumir las responsabilidades y los recursos para atender a la población privada de la libertad, tanto desde el Gobierno nacional como desde las entidades territoriales.
El segundo eje se concentra en el hacinamiento, la infraestructura, la disponibilidad real de cupos y los traslados de personas detenidas. En este punto, habrá especial atención a las necesidades de quienes tienen alguna discapacidad psicosocial.
Y el tercer tema será la evaluación y el fortalecimiento de la estrategia de seguimiento de la Corte, así como de los sistemas de información que permiten conocer el estado de la crisis y verificar si se están cumpliendo las órdenes impartidas por el alto tribunal.
Las fallas que mantienen la crisis
La Sala Especial de Seguimiento reconoce que, pese a los años de vigilancia judicial y a las distintas órdenes emitidas, los problemas estructurales siguen sin resolverse.
Entre ellos están el hacinamiento, las deficiencias en la infraestructura, las dificultades para garantizar atención en salud, los problemas en el suministro de alimentos, la falta de coordinación entre las instituciones y los obstáculos para asegurar condiciones dignas de reclusión.
Sumado a eso, durante inspecciones judiciales realizadas recientemente en diferentes regiones del país, los magistrados encontraron situaciones críticas tanto en establecimientos penitenciarios como en centros de detención transitoria.
La Corte identificó varios factores que explican por qué tantas personas permanecen en espacios que no están preparados para recibirlas durante largos periodos.
Por un lado, está la capacidad limitada de las cárceles y su concentración en determinados territorios. También hay cupos que se pierden, que no están disponibles o que no se utilizan; obras de infraestructura que se retrasan en su terminación, dotación o puesta en funcionamiento; y dificultades para que las entidades territoriales cumplan sus obligaciones frente a las personas procesadas.
A esto se suman barreras administrativas, problemas con documentos y demoras judiciales que terminan afectando los traslados y los egresos de los detenidos.
La Corte insiste en que no basta con aumentar el número de cupos si no se resuelven también los problemas de financiación, coordinación institucional, distribución de responsabilidades y atención diferencial de la población privada de la libertad.
La Corte busca compromisos institucionales
Con esta audiencia, el alto tribunal pretende que las distintas autoridades presenten sus propuestas, expliquen qué medidas pueden adoptar y asuman compromisos para enfrentar una crisis que lleva años bajo seguimiento judicial.
De acuerdo con la información oficial, el desafío es que las discusiones no se queden solamente en diagnósticos. La Sala busca identificar soluciones viables, precisar las responsabilidades de cada entidad y fortalecer los mecanismos para verificar los avances.
La audiencia fue convocada por la Sala Especial de Seguimiento al Estado de Cosas Inconstitucional penitenciario, carcelario y en los centros de detención transitoria, bajo la magistratura de Jorge Enrique Ibáñez Najar.
Por y ultimo, uno de los temas que quedan pendientes es cómo lograr que las personas privadas de la libertad permanezcan en condiciones dignas y que las estaciones de Policía y las URI dejen de funcionar, en la práctica, como cárceles por la falta de capacidad y de respuestas oportunas del sistema penitenciario.
Cuatro preguntas con las claves de la noticia
¿Cuándo y dónde se realizará la audiencia pública?
El próximo 4 de noviembre, entre las 8:00 de la mañana y las 5:00 de la tarde, en la Sala de Audiencias de la Corte Suprema de Justicia, en Bogotá.
¿Cuántas personas están detenidas en estaciones de Policía y URI?
18.824 personas, pese a que estos espacios tienen capacidad para 9.686. La sobreocupación es de 9.138 personas y el hacinamiento llega al 94,34 por ciento.
¿Cuántas personas llevan más de 36 horas en estos centros transitorios?
17.292 personas permanecen allí por más de 36 horas, aunque estos lugares fueron concebidos para detenciones de corta duración.
¿Cuáles serán los temas centrales de la audiencia?
La financiación y distribución de responsabilidades; el hacinamiento, la infraestructura y los traslados; y el fortalecimiento de la estrategia de seguimiento y los sistemas de información.
