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La Sala Especial de Instrucción de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia rechazó la nulidad presentada por la defensa del senador Álvaro Uribe Vélez en el proceso que se le adelanta por su presunta participación en los delitos de fraude procesal y soborno.
En el debate jurídico, el alto tribunal consideró que todos los trámites que se han ejercido durante este proceso han cumplido con los requisitos que establece la ley.
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"La Sala Especial de Instrucción considera que en primer lugar, todo lo actuado en su momento por la Sala de Instrucción No. 2 de la Sala de Casación Penal, estuvo cobijado por el texto original del artículo 186 de la Constitución Política, en el cual se prevé la competencia exclusiva y excluyente de la Corte Suprema de Justicia para conocer de los delitos que cometan los congresistas", precisa la decisión tomada por unanimidad.
En este sentido se manifiesta que el proceso que inició la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia en febrero de 2018 "estuvo cobijado por las garantías constitucionales y la práctica de pruebas sea justo a la legalidad".
Igualmente se advierte que no se presentó "arbitrariedad, extralimitaciones ni desafuero del magistrado que ordenó, sino que, contrario a ello, se realizó una práctica probatoria ilícita ilegal”.
Con esto decisión se deja en firme el llamado a indagatoria a Uribe Vélez en el desarrollo de la investigación preliminar que se le adelanta por presuntamente presionar a testigos para que declararan contra el senador Iván Cepeda.
La defensa del expresidente puede radicar un recurso de reposición en contra de esta decisión ante la Sala Especial de Instrucciones de la Corte Suprema.
La Corte Suprema igualmente podrá continuar con la recolección de elementos materiales probatorios dentro de esta investigación preliminar.
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Por estos mismos hechos es investigado el representante a la Cámara por el Centro Democrático, Álvaro Hernán Prada.
El pasado 8 de febrero, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia aceptó la demanda del senador Iván Cepeda en la que pedía ser reconocido como posible víctima en el proceso que se adelanta contra los congresistas Uribe y Prada por presunta manipulación de testigos.
El alto tribunal aceptó los argumentos presentados por el congresista del Polo Democrático para ser parte civil en el marco de la investigación preliminar.
Este complejo proceso se remonta a la denuncia que presentó en septiembre de 2014 ante la Corte Suprema el senador Álvaro Uribe en contra de Iván Cepeda, acusándolo de visitar varias cárceles ofreciendo dádivas para que un grupo de exparamilitares declararán en su contra de tener vínculos con este grupo armado ilegal.
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En febrero de 2018, la Corte Suprema se abstuvo de investigar a Cepeda, sin embargo ordenó investigar al senador Uribe por haber enviado emisarios a los centros carcelarios para que acusaran a Cepeda de ejercer este tipo de presiones.
El alto tribunal concluyó que Cepeda "no abusó de sus funciones como congresista, no determinó a reclusos mediante sobornos para testificar falsamente en contra del doctor Uribe Vélez, su hermano Santiago y otras personas, ya que, como se verá, en primer lugar actuó dentro del marco constitucional y legal".
En abril del año pasado, la Corte ordenó al Inpec reforzar las medidas de seguridad a Juan Guillermo Monsalve Pineda, considerado uno de los principales testigos contra el expresidente Álvaro Uribe y su hermano Santiago Uribe Vélez.
