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La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia dejó en firme el juicio contra el senador cordobés John Moisés Besaile al rechazar la solicitud de nulidad presentada por su defensa, quien alegaba que se le había vulnerado el debido proceso en el transcurso de la investigación.
Besaile, a través de su abogado, solicitó la nulidad de todo lo actuado hasta el momento, argumentando que se habían cometido atropellos en su contra durante la versión libre y la indagatoria. En particular, señalaba que se le había limitado el tiempo para responder y mencionaba otros hechos que consideraba irregulares.
Sin embargo, los magistrados de la Sala concluyeron que los argumentos presentados por la defensa no tenían fundamento y decidieron rechazar la petición. En su fallo, los magistrados destacaron que el hecho de que la indagatoria de Besaile la tomara una magistrada auxiliar no representaba una irregularidad.
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Además, la Corte argumentó que la servidora judicial había cumplido de manera estricta con su misión y que la diligencia fue realizada de forma célere, eficiente y razonable, garantizando los derechos de todos los involucrados.
Otro de los argumentos rechazados fue el que reprochaba la decisión de la Sala Especial de Instrucción, que había cerrado la investigación sin acceder a la solicitud de la defensa de practicar nuevas pruebas. La Corte explicó que la clausura de la etapa probatoria fue el resultado de la facultad otorgada por la ley para valorar si existía suficiente material probatorio para avanzar a la siguiente fase del proceso.
Asimismo, la Corte desestimó la solicitud de la defensa de Besaile de practicar 11 testimonios y otras pruebas documentales, considerando que estas no eran útiles ni pertinentes para el proceso. La decisión también remarcó que a la defensa ya se le habían decretado testimonios suficientes de personas que podían aportar información directa sobre los hechos investigados.
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Con esta decisión, el juicio contra John Moisés Besaile, exsecretario del Interior de la Gobernación de Alejandro Lyons, continuará su curso.
El proceso está relacionado con la firma de una resolución en 2012 que acreditaba erróneamente a la Corporación Centro de Investigación y Enseñanza Agroecológica con personería jurídica, lo que le permitió participar en contratación pública, en el contexto de un esquema de corrupción que involucraba el desfalco de recursos públicos por parte del exgobernador Alejandro Lyons y el exsenador Musa Besaile Fayad.
