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Tras la petición elevada por la Fiscalía General de la Nación y la defensa, un juez especializado de Barranquilla cerró el proceso penal que se seguía contra la influencer Aída Victoria Merlano, por su supuesta autoría en el enriquecimiento ilícito
Este expediente se originó en el año 2019, tras la investigación que inició la Fiscalía a raíz de información consistente en que a nombre de Aída Merlano aparecía registrada una empresa conformada con su padre, José Antonio Manzaneda.
Supuestamente, tenía como propósito fundamental ocultar los bienes que adquirió la exsenadora Aída Merlano Rebolledo, con dineros obtenidos ilegalmente.
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En su momento se había señalado que dicha empresa que fue constituida en el año 2019 recibió una transferencia por un valor que supera los 2.900 millones de pesos, con el objetivo de que el Estado no tuviera conocimiento ni control de los bienes de Aída Merlano que podrían ser objeto de extinción de dominio.
En su oportunidad se señaló que con esos recursos la influenciadora supuestamente había aumentado su patrimonio a 3.200 millones de pesos, lo que llamó la atención de la Fiscalía al indicar que Aída Victoriano no tenía la capacidad crediticia suficiente para conformar una empresa, ni para sostenerla.
Sin embargo, luego de años de investigación la Fiscalía determinó que era necesario solicitar la preclusión del proceso al presentarse “una ausencia de intervención de la acusada en los hechos presuntamente delictivos”.
Esta solicitud de preclusión del proceso fue respalda y destacada por parte de Miguel Ángel del Río, abogado de la generadora de contenidos Aída Victoria Merlano.
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El otro proceso de Aída Victoria
La Corte Suprema de Justica revisó en última instancia si mantiene o tumba la condena que emitió el Tribunal Superior de Bogotá de 13 años y 10 meses de prisión contra la influencer por haber participado en la fuga de su madre, la excongresista Aída Merlano Rebolledo, en hechos ocurridos en octubre del 2019 en el norte de Bogotá, cuando asistía a una cita odontológica.
La joven se enfrentó a un proceso judicial en el que un juez la declaró culpable del delito de favorecimiento de fuga y le negó la prisión domiciliaria, cuyas medidas restrictivas no se harán efectivas hasta tanto no se resuelva la ultima instancia ante la Corte Suprema de Justicia.
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