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El recurso fue interpuesto por un hombre que alegaba una mejoría en su vida personal y laboral luego de prestar el servicio de transporte como conductor afiliado a la plataforma Uber.
El hombre había perdido el 55 por ciento de su capacidad laboral, al ser víctima con disparo por un arma de fuego, sin embargo se sentía amenazado debido a que el Ministerio de Trabajo no había regulado los servicios prestados por la plataforma.
La Corte tuvo en cuenta los argumentos del Ministerio que explicó que aunque la persona merecía protección constitucional, no podía pasar por alto normativas que ya regulan el transporte y una normativa del 2016 que señala: “se habilitan las plataformas que serán el soporte de las empresas legalmente habilitadas para la atención de servicio en nivel de lujo”.
Para la Corte, el hombre no argumento con suficientes pruebas un perjuicio que ameritara darle trámite a su solicitud. “Las pretensiones planteadas (...) encaminadas a ordenar al Ministerio de Transporte que regule su actividad como conductores de Uber no estarían llamadas a prosperar”, dijo la Corte.
