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La Fiscalía General de la Nación, avanza en una minuciosa investigación y control a delegados del Gobierno Nacional, a los alcaldes, gobernadores y demás entidades competentes encargados de ejecutar de manera oportuna y eficaz los recursos públicos destinados para la atención de la emergencia sanitaria generada por el Covid- 19.
Los investigadores de la Fiscalía insistieron en que sancionarán las conductas que se constituyan en delito, por el incumplimiento de mecanismos de prevención y las disposiciones de las autoridades de salud.
De acuerdo con los fiscales, los ordenadores del gasto y quienes ejecutan los presupuestos de la salud deben adoptar las medidas sanitarias que se requieran de carácter urgente y acordes a la ley.
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Asimismo, la Fiscalía General advirtió que de no cumplirse con lo dispuesto por la ley los responsables podrían incurrir en delitos como prevaricato por omisión y omisión de socorro.
Del mismo modo tendrán responsabilidad penal los representantes de las Empresas Prestadoras de Salud (EPS), quienes son llamados a brindar el aseguramiento de cada uno de los ciudadanos y que reciben recursos públicos por ello.
De igual forma, los investigadores están alerta a las denuncias presentadas por la ciudadanía respecto a la no oportuna prestación de los servicios en salud relacionados con el coronavirus, entre ellos la entrega de diagnósticos médicos, el suministro de medicamentos y la atención de ambulancias.
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De manera simultánea, la Fiscalía hizo un llamado a las autoridades migratorias para realizar un trabajo articulado que permita identificar y judicializar a aquellos posibles infractores de los protocolos sanitarios.
Los infractores podrían exponerse a penas que oscilan entre los 4 y los 10 años de prisión por los delitos de violación de medidas sanitarias y propagación de epidemia.
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