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La Procuraduría solicitó de manera urgente al Gobierno modificar el modelo de contratación para los Programas de Alimentación Escolar – PAE – , luego de encontrar una ‘cartelización’ en el sistema contractual.
Según los hallazgos solo en cinco empresas se concentra la contratación:
1. Luisa Fernanda Flórez Rincón, 24 contratos por más de 152.448 millones, figura como representante legal de la Cooperativa Multiactiva Surcolombiana de Inversiones Limitada y la Unión Temporal Alimentación Escolar Santande 2016, con operaciones en Huila, Meta, Santander y Tolima.
2. Germán Almaza Hernández, 271 contratos por más de 149.382 millones, figura como representante legal del Convenio Interinstitucional de Asociación, Fundación Vive Colombia, Unión Temporal Nutrialianza 2013, con operaciones Bogotá, Cundinamarca y Boyacá.
3. Ivis del Carmen Rosado Robles, 11 contratos por más de 144.658 millones, figura como representante legal de la Asociación de Manipuladores de Alimentos de Cesar – Asoalimentarse; Consorcio Alimentando un Cesar más Educado, Consorcio Educación a Salvo, con operaciones en La Guajira, Cesar y Magdalena.
4. Noel Rodríguez Cubides, 5 contratos por más de 116.741 millones, figura como representante legal de Noel Rodríguez Cubides y Unión Temporal Maná 2014, con operaciones en Antioquia.
5. Victoria Eugenia González, 43 contratos por más de $92.232 millones, figura por su cédula como representante legal de la Fundación Construyamos Colombia con operaciones en Caquetá, Tolima, Bogotá, Cundinamarca, Quindío y Risaralda.
El ente de control hizo un llamado “a cerrar la puerta a la contratación directa del PAE, que en 2017 fue del 79% (1.032 convenios). Solo el 2% correspondió a licitación pública”.
Las conclusiones se obtuvieron al analizar 7.880 procesos contractuales del PAE firmados desde 2013, y puntualmente los 1.307 que los 32 departamentos y Bogotá publicaron en el Portal de Contratación Estatal -SECOP- en 2017, por un valor de 447.255 millones de pesos.
Señaló que en la actualidad no hay cobertura del 100% en las 41.644 sedes educativas priorizadas para el PAE.
“A los niños quienes no reciben ese complemento alimenticio se les pone en riesgo el acceso al derecho a la educación y a formarse como un individuo de manera integral”.
