La FM en Google News
La Contraloría General de La República decidió asumir la investigación sobre el manejo de los fondos fijos en la Alcaldía de Daniel Quintero, ante denuncias de posibles actos de corrupción por parte de esa administración.
Se pudo conocer que la decisión de la Contraloría General obedece a los informes entregados por la Contraloría de Antioquia que dan cuenta de posibles irregularidades en el uso de recursos económicos y que habrían sido autorizados por funcionarios de Daniel Quintero para gastos y consumos personales.
Por ejemplo, en el año 2024, la Contraloría Distrital encontró un cobro pre jurídico por parte de un restaurante de Medellín por concepto de cuentas por pagar, relacionadas con consumos atribuidos al alcalde, registrados en gastos de representación.
En ese momento, el Ministerio Público abrió investigación contra el exalcalde de Medellín y su exsecretaria privada María Camila Villamizar, por presuntas irregularidades en el manejo de recursos públicos para viáticos y gastos de viaje.
Lea también: Gobernador de Cundinamarca confirmó que hallaron sin vida a la menor Valeria Afanador
De acuerdo con la Procuraduría, la conducta de Villamizar estaría tipificada en el Código Penal como peculado por apropiación, delito que consiste en apropiarse de bienes del Estado aprovechando el cargo público.
Por ahora, tanto Quintero como Villamizar están vinculados formalmente al proceso disciplinario, mientras se recopilan pruebas documentales y testimoniales que permitan esclarecer los hechos.
Lea también: "No permitiremos que este atroz crimen quede en la impunidad": abogado de la familia de Valeria Afanador
Hay que indicar que el fondo fijo o caja menor existe desde 1994, cuando fue creado durante la administración de Luis Alfredo Ramos, para atender gastos asociados al despacho del alcalde, mensajería, transporte, implementos de cocina, peajes, elementos de cafetería, obsequios protocolarios y servicios de lavandería.
Inicialmente, estaban permitidos gastos hasta por dos salarios mínimos mensuales, pero en 2010 durante la administración de Alonso Salazar se amplió hasta 20 salarios mínimos
