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La Contraloría Distrital dio a conocer un informe llamado ‘avances en el cumplimiento de la sentencia del Río Bogota’, en el cual se señalan presuntas irregularidades en el manejo para la descontaminación del afluente.
Según el ente de control, se encontraron hallazgos fiscales por más de 326 mil millones de pesos. “Se han realizado seis auditorías, desde el año 2014 a 2018, las cuales han arrojado hallazgos fiscales por valor de $326.986.607.050, además de los hallazgos con connotación disciplinaria”.
Así mismo, se da a conocer que durante los últimos cuatro años, “los cuatro afluentes no han mejorado su calidad hídrica, por el contrario, están condenados a caer vertiginosamente en su nivel de calidad hídrica, situación que conlleva a definir que las acciones implementadas para mitigar y restablecerlos atributos a estos afluentes carecen de oportunidad, eficiencia y efectividad”.
Según las mediciones de calidad del agua en los últimos años y siguiendo las sentencias que ordenan la descontaminación del afluente, “no se especifica un horizonte bajo objetivos a corto, mediano y largo plazo, dada la falta de integralidad con el proceso en sí; mostrando con ello hechos y cifras que no coadyuvan en la mejora continua”
En otro de los apartes del informe para el período comprendido entre 2014-2018, se revela un preocupante panorama de permisividad con las industrias que vierten sus desechos en la cuenca del río. “Se registraron 804 solicitudes de permisos de vertimientos de los cuales se otorgó el 80% correspondiente a 645 permisos. De los 485 se ejecutaron de manera irregular, además se aplicaron sanciones por un monto de $18.779.1 a varias empresas", se indica.
Sin embargo, el recaudo obtenido por este concepto, en el período de estudio, “es solamente del 13%, correspondiente a $2.446. millones y por multas, un valor de $120.5 millones”.
El informe concluye que solo en el 2021 se tratará el 30% de las aguas residuales vertidas al río Bogotá y en el 2026 se tratará el 100%.
“Se espera que la inversión proyectada esté a la vanguardia en el tratamiento de aguas residuales, encaminada actualmente a la degradación y eliminación de los contaminantes emergentes, lo que conlleva a la modificación de la norma de vertimientos a los cuerpos de agua, aguas marinas, alcantarillados públicos y al suelo”, apunta el organismo.
