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La Comisión Colombiana de Juristas, junto a un grupo de organizaciones defensoras de los Derechos Humanos, presentarán una tutela ante el Tribunal Superior de Bogotá para que se tomen medidas de fondo ante las reiteradas quejas presentadas por abuso de la fuerza contra el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) y la Fuerza Pública en los últimos años.
En la acción judicial se hace énfasis en que, desde el inicio del Paro Nacional el pasado 21 de noviembre, se han multiplicado los casos de abuso de autoridades, uso injustificado de las armas y retenciones ilegales, desconociendo y omitiendo la protección de los ciudadanos.
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En este punto se cita que tanto en las manifestaciones de las universidades públicas y privadas por hechos de corrupción, así como las protestas en el desarrollo del Paro Nacional en todo el territorio patrio se han presentado constantes e injustificados ataques por parte del Esmad, la Policía y el Ejército contra los marchantes y las personas que adelantan un cubrimiento de los mismos.
Recuerdan además que se ha utilizado de manera indebida las bombas aturdidoras y gases lacrimógenos, afectando así a las personas que participan en las manifestaciones, así como detenciones arbitrarias y uso de armas, generando temor y zozobra en toda la sociedad.
“La disolución sistemática, arbitraria e injustificada de protestas pacíficas, la utilización indebida de armas potencialmente letales, el uso innecesario de agentes químicos irritantes para la dispersión de manifestantes que únicamente estaban ejerciendo un derecho legítimo a la protesta”, señalan los accionantes.
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Consideran que a esto se le suman acciones de estigmatización en contra de todo aquel que proteste, lo que representaría “un sistema de represión que desincentiva la participación” ciudadana, afectando así el derecho a la libre protesta.
En este punto se cita que los manifestantes temen ser detenidos y trasladados a centros de paso (URI, UPJ, estaciones de policía) y represión. En la tutela se citarán varios casos que se han presentado en Bogotá y ciudades capitales.
En la tutela se pide proteger los derechos fundamentales a la vida, la integridad personal, la libertad personal, el debido proceso y a no ser sometidos a desapariciones forzadas.
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Pese a los llamados para controlar esta situación, el Esmad y las Fuerzas Militares han “escalado” su accionar en contra de los manifestantes, situación que los ha llevado a presentar una serie de acciones con el fin de conocer sus acciones en el marco de las protestas ciudadanas.
Los accionantes piden que se fije una mesa de seguimiento para controlar el abuso de la fuerza, un informe periódico y constante sobre las actuaciones de este cuerpo, que se reafirme la prohibición de dispersar manifestaciones de tipo pacífico y evitar el uso de armas no letales como la que le causó la muerte al joven Dilan Cruz.
En marzo del otro año se radicará en el Congreso un proyecto que busca desmontar el Esmad y uno de los que lo está promoviendo es el congresista Antonio Sanguino, de la Alianza Verde, argumentando que el Escuadrón Antidisturbios de la Policía ha violado los derechos humanos.
En diálogo con La FM, el congresista citó un informe de la ONG Temblores en el que se señala que desde la creación del Esmad en 1999 a la fecha, se han registrado 38 muertes en aparentes hechos que han estado involucrados los agentes.
"Sobre estos casos no hay un solo procesado ni condenado en su mayoria", dijo, indicando que el 35% de las muertes han sido de jóvenes entre los 18 y 25 años, y se han producido en el contexto de movilizaciones y protestas sociales.
El informe advierte que también se han registrado más de 100 casos de personas que han perdido sus ojos, parte de la visión o total por hechos del Esmad, y Sanguino recordó el caso ocurrido este lunes donde un joven fue herido en un ojo en medio de disturbios.
"Otro es el caso de Dilan Cruz, en fin hay suficientes razones para abrir una discusión sobre el papel que está teniendo este cuerpo especial de la Policía para atender la protesta social", agregó.
