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Un juez de control de garantías legalizó la captura del ex concejal de Montelíbano (Córdoba) Misael Augusto Villarreal Jorge y de Virginia Rosa Urango Ramos, quien fueron detenidos teniendo en su poder un total de $434'700.000 en efectivo cuando se movilizaban en un vehículo por la vía que comunica a Montería con Planeta Rica, a la altura del peaje Purgatorio.
Sin embargo, el juzgado determinó dejar en libertad a los capturados pero vinculados bajo investigación al proceso en atención a que el delito por el que están siendo procesados es excarcelable.
En un principio el delito a investigar en este caso es el de omisión de reportes sobre transacciones en efectivo, movilización o almacenamiento de dinero en efectivo contemplado en el Artículo 325-A.
Así mismo, el juez avaló el decomiso de los más de 400 millones de pesos que fueron hallados dentro de un bolso negro y dos teléfonos celulares que fueron incautados por parte de los agentes que realizaron la inspección a su vehículo.
Esta investigación seguirá bajo el conocimiento de un fiscal de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos con el propósito de obtener elementos materiales de prueba que permitan determinar el origen y destinación del dinero incautado.
Con base en los hallazgos judiciales e información que sea recolectada por las autoridades de policía se entrará a determinar si hay méritos para impulsar una investigación por delitos como lavado de activos.
Misael Augusto Villarreal había sido elegido como concejal de Montelíbano por el partido de la U., para el periodo 2024 - 2027, sin embargo, en agosto de 2025 perdió su investidura por decisión del Consejo de Estado.
Su curul la perdió en atención a que no reportó en su momento un conflicto de intereses en la elección del secretario de la corporación.
Según la Policía el dinero, al parecer, procedería de la ciudad de Montería y tendría como destino el municipio de Montelíbano. No obstante, al momento del procedimiento, los ocupantes del vehículo no lograron justificar ni acreditar de manera clara la legalidad ni la procedencia de los recursos transportados.
Entre tanto, la Representante a la Cámara de Representantes y aspirante al Senado, Ana Paola García, mediante un comunicado se pronunció sobre los señalamientos de que el exconcejal Misael Villareal, es cercano a su campaña política.
“Para el actual proceso electoral, miles me han brindado su respaldo por ser la única candidata de la región. Uno de esos tantos respaldos ha sido el exconcejal Misael Villareal, quien se ha destacado por ser un profesional transparente vinculado a una multinacional”, expresó la congresista.
Aseguró que la detención del exconcejal no tiene relación con su campaña ni fue detenido en acciones proselitistas a su favor y además explicó que las cuentas y gastos han sido reportados ante la autoridad electoral.
Impulsan investigación por caso de escolta de UNP sorprendido con $145 millones
De igual forma La Fiscalía General de la Nación ordenó mesas técnicas de trabajo con el objetivo de definir la hoja de ruta de las investigaciones que se siguen contra el escolta de la Unidad Nacional de Protección (UNP) Luis Alfredo Acuña, conocido como El Toro, quien fue capturado en su momento en el municipio de Hatonuevo, departamento de La Guajira, tras hallársele en su poder la suma de 145 millones de pesos.
En desarrollo de las diligencias judiciales se advierte que este escolta que se encuentra asignado esquema de seguridad del secretario general de la Cámara de Representantes, Jaime Luis Lacouture, podría llegar a responder por delitos relacionados con actividades de lavado de activos o hechos de corrupción electoral.
Luis Alfredo Acuña, fue capturado con dinero en efectivo y publicidad del candidato al Senado Daniel Restrepo.
Estas sesiones de trabajo se llevan a cabo tras la decisión de una juez de primera instancia de Hatonuevo, La Guajira, de otorgarle la libertadal declarar ilegal el trámite de su detención.
De acuerdo con los investigadores de la Fiscalía, los reportes de policía judicial fueron entregados en medio de demoras en su traslado, ya que sólo fueron puestos a disposición de este organismo más de 24 horas de ejecutarse la captura.
Ante este escenario la audiencia de legalización de captura se inició cumplidas las 32 horas. Solo se contó con alrededor de ocho horas para verificar la información que fue recolectadas de manera preliminar por parte de las las autoridades competentes.
En torno a estos hechos, el abogado Ivan Cancino precisó que durante la diligencia de legalización de captura se evidenciaron errores relacionados con el procedimiento de detención.
El jurista también planteó que la presunción de inocencia y derecho al debido proceso no se pueden tomar a la ligera.
Nombres que figuraban en los sobres
Las autoridades establecieron que los 145 millones de pesos estaban distribuidos en siete sobresmarcados con nombres propios.Entre los nombres que aparecían escritos figuran Dévora Barros, abogada y activista indígena wayúu; Laura Marcela “Beba” Ramírez Cantillo, exconcejal de Maicao; Kevin Cantillo, concejal de Riohacha por el Partido de La U; y Ghandy Romero Epinayú, concejal de Riohacha por el Partido Liberal.
También aparecían Rosa Pacheco, expresidenta de la Asamblea Departamental en 2010; Edwin Solano, exsecretario de Desarrollo en Maicao; y Cristian Bermúdez, concejal de Riohacha por la coalición Cambio Radical–Colombia Renaciente.
El caso se registró en el marco de controles adelantados en vías del departamento y quedó bajo conocimiento de las autoridades competentes, luego de la decisión judicial que dejó sin efecto la captura y ordenó la devolución del dinero.
